Los rescates se cobrarán desde enero

En los próximos días, probablemente con el año recién estrenado, las autoridades vascas comenzarán a girar las facturas de los rescates que se practiquen tanto a deportistas de riesgo -que si están federados podrán hacer recaer el gasto en su seguro obligatorio-, como a aquellas personas que salgan al mar o la montaña en mitad de una alerta meteorológica o se adentren en zonas prohibidas.

El pleno del Parlamento vasco aprobó ayer, con el único apoyo del PSE y PP y el rechazo en bloque del resto de partidos, la nueva tasa que gravará las conductas imprudentes y penalizará a quien decida practicar una afición de las catalogadas como 'peligrosas' por libre, sin el paraguas de un club deportivo. Euskadi sigue así los pasos de comunidades como Cataluña o Cantabria, que desde hace años han intentado atajar las conductas imprudentes haciendo pasar por caja al infractor aunque, en la práctica, no se haya remitido el recibo más que a título informativo.

Precisamente, el Gobierno Vasco quiere acabar con la ineficacia que se le achaca a normativas similares, que chocan con la necesidad de demostrar la negligencia -algo que no siempre es posible- al acotar los supuestos a deportistas que practiquen las actividades de riesgo establecidas en el listado adjunto y a personas en general que hagan caso omiso de los avisos por meteorología adversa. De este modo, el Ejecutivo «delimita el hecho imponible mediante la utilización de criterios objetivos», según detalló el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, para evitar que, como sucede en Cataluña, la medida quede en un simple aviso. Aguirre también aseguró que la finalidad de la nueva tasa «no es recaudatoria» sino «preventiva o disuasoria respecto a actuaciones imprudentes», a la vez que trata de «fomentar el aseguramiento». Para las autoridades, la actual cifra de rescates y búsquedas que gestiona SOSDeiak es inasumible; nada menos que uno cada dos días, lo que supone un desembolso anual de unos tres millones de euros.

Pero estos argumentos no convencieron a los grupos de la oposición, que rechazaron en bloque el polémico gravamen, denostado también por las asociaciones de montañeros y los espeleólogos vascos. El Ejecutivo logró sacar adelante la nueva tasa -que entrará en vigor en cuanto se publique en el BOPV- con una mínima diferencia de dos votos a favor (los 37 del PSE y PP frente a 35 en contra del PNV, Aralar, UPyD y EA, mientras que EB se abstuvo). Los grupos cuestionaron la validez jurídica de establecer una nueva tasa para penalizar los comportamientos imprudentes, en lugar de aplicar una sanción, criticaron el «afán recaudatorio» y el carácter «discriminatorio» de la medida y auguraron que uno de sus efectos será el encarecimiento de los seguros federativos.

«Desvirtuar el sistema»

En concreto, la parlamentaria del PNV Leire Corrales consideró que el actual servicio vasco de emergencias «no puede dar encaje» a esta tasa, que desvirtuará el sistema». Corrales, que abogó por establecer una sanción en la futura Ley de Gestión de Emergencias, aseguró que se trata de una «barbaridad similar a si se estableciese una tasa para los accidentes en carreteras».

Dani Maeztu, parlamentario de Aralar, criticó el establecimiento a priori de un listado de actividades «supuestamente peligrosas, independientemente de cómo se practiquen». «Para mí es más peligroso circular en bicicleta por la N-634», consideró Maeztu, aficionado a la escalada.

En este sentido, recordó que en los últimos tres años se han realizado 281 rescates en Euskadi, de los que sólo seis estuvieron motivados por la escalada y dos por la práctica de la espeleología, mientras que las excursiones en el monte generaron el 77% de las operaciones, seguido de los que se perdieron buscando setas.

Juanjo Agirrezabala (EA) se mostró partidario de cobrar los rescates «sólo cuando concurra una negligencia», mientras que para Gorka Maneiro (UPyD), esta medida «arbitraria» podría provocar que «haya gente que prefiera no llamar a los servicios de emergencias, con riesgo de una desgracia mayor».

Mikel Arana (EB) calificó de «error jurídico» una tasa que quiebra los principios básicos de estos gravámenes y la capacidad económica de las personas, teniendo en cuenta que un rescate «puede llegar a suponer un coste de hasta 60.000 euros».