«Espero un Gobierno inteligente que pondere todos los derechos para lograr el final de ETA»

Juan Calparsoro (San Sebastián, 1961) va a cumplir un año y medio como fiscal superior del País Vasco y está deseando que la situación política se normalice para que las próximas entrevistas que conceda giren en torno a temas como la seguridad vial, el combate a la violencia doméstica o el medioambiente. Mientras llega ese día, este fiscal asociado a la Unión Progresista de Fiscales valora las reivindicaciones sobre los presos de ETA y el papel que el nuevo Gobierno y el nuevo fiscal general del Estado pueden jugar en la actual situación política.

-Ayer una manifestación multitudinaria recorrió Bilbao en favor de los derechos de los presos. Tras el cese definitivo de la violencia de ETA, ¿se dan las condiciones para que se pueda producir un cambio en la política penitenciaria?

-Es una condición necesaria, pero no suficiente porque la política penitenciaria es individualizada, se revisa en función de cada preso. Que ETA haya anunciado el cese de la violencia es un elemento muy positivo porque reduce el riesgo de reincidencia, pero también se deben cumplir otros requisitos de la legislación penitenciaria, como que cada preso se desvincule de la actividad terrorista y que pida perdón por el daño que ha causado.

-¿Qué medidas contempla la legislación actual para flexibilizar la política penitenciaria?

-La política penitenciaria corresponde al Ministerio del Interior, al Gobierno, que es quien marca las directrices dentro de los márgenes de la ley, atendiendo siempre al fin de la reinserción. Dentro de esos márgenes, Instituciones Penitenciarias puede adoptar medidas como el acercamiento de presos, progresiones de grado o permisos. Es así en los delitos de terrorismo y en otros.

-¿Mantener la política penitenciaria actual en una etapa sin violencia podría verse como algo excepcional, como denuncian algunos sectores políticos?

-En primer lugar, hay que decir que ETA ha anunciado un cese de la violencia, pero no se ha disuelto. El proceso de disolución y la entrega de armas es algo que tiene que culminar ETA. Algunas de las medidas que se han aplicado hasta ahora podían ser excepcionales en la medida en que había un grupo terrorista, y si eran más estrictas es porque el riesgo de reincidencia era mayor. Pero ese tipo de medidas no sólo se han tomado con presos de ETA. Dicho esto, la desaparición de la violencia podría beneficiar sin duda a un pronóstico de reinserción. Estoy hablando en genérico, no puedo entrar en lo concreto porque las competencias de vigilancia penitenciaria en temas de terrorismo dependen de la Audiencia Nacional, no del TSJPV.

-¿La legislación debe interpretarse atendiendo a la realidad social?

-Así lo dice el Código Civil en su artículo 3, que es un poco el que marca los criterios de interpretación de toda la legislación. Las leyes se interpretan de acuerdo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.

-¿La realidad social actual es diferente a la de hace un año, hace dos o hace cinco?

-Sin duda, sí. Para mí es radicalmente distinto que la organización terrorista ETA haya decidido el fin definitivo de la actividad armada, algo que hace tres meses no había hecho. Me parece un aspecto clave.

-Con lo que la legislación debería amoldarse...

-... A esta nueva realidad. Eso sin quitar que las personas que han cometido crímenes y han formado parte de ETA tienen que responder de sus delitos. La realidad social ha cambiado, lo cual no significa que tenga que haber impunidad, ni mucho menos. Simplemente sería una aplicación de la ley de acuerdo con la realidad que vivimos.

-A principios de octubre, usted generó cierta polémica al afirmar en un discurso que la Justicia sabría ser generosa con ETA si dejaba la violencia. ¿Qué quiso decir?

-Quise decir que si ETA se disuelve, abandona la actividad terrorista y piden perdón, la Justicia sabrá ser generosa. Esa afirmación la hice en un discurso de apertura del curso judicial, cuando ETA aún no había anunciado el cese de la violencia, y causó bastante revuelo, pero fue una invitación a las personas que están en ese grupo terrorista a que abandonaran la actividad delictiva. Dije 'generosa' no en el sentido de impune, sino en que se interpretaría la legislación conforme a ese nuevo escenario.

-¿...?

-Eso está recogido en el Código Penal en la figura del desistimiento del delito, que siempre tiene un efecto en las penas, también en las de terrorismo. Tal vez la utilización del término generoso no es la mejor porque puede sonar a que seríamos venales o poco rigurosos, pero en absoluto es así. No es cuestión de ser blando o duro, sino de aplicar la ley de la manera más justa y razonable. Pero no hay duda de que los que han cometido delitos tienen que ser condenados y sancionados.

-Se ha referido a la petición de perdón. ¿Debería pedir perdón cada preso o valdría con un perdón colectivo por parte de ETA?

-Todo tiene que ser individual. Otra cosa es que ETA, como organización terrorista, pida perdón y eso se valore, pero la petición expresa de perdón de la que habla el Código Penal debe ser de cada preso. No hay cumplimientos colectivos de penas, hay cumplimientos individuales.

-¿Éste es un paso imprescindible para acogerse a beneficios penitenciarios?

-Para algunas medidas la ley no lo exige, pero para la libertad condicional, por ejemplo, sí. El perdón tiene que ser expreso y sincero, aunque no tiene por qué ser público.

-Aunque no se traduzca en beneficios directos para los presos, ¿sería positivo que ETA pidiera perdón como colectivo?

-Sería muy importante que pidiera perdón a las víctimas y a toda la sociedad, que también ha sido víctima de sus delitos.

-¿Cree que lo acabará haciendo?

-No lo sé, pero es probable que sí. Por lo que leo, parece que son conscientes de que han cometido un daño, irreparable en muchas ocasiones.

-¿Algunas medidas penitenciarias que se podrían tomar de acuerdo a la ley podrían ser dolorosas para las víctimas?

-Es incuestionable que algunas medidas podrían serlo. En todo caso, las víctimas del terrorismo tienen derecho a una protección de las administraciones que deberá tenerse en cuenta. Un beneficio penitenciario o una progresión de grado siempre tiene en cuenta a las víctimas. Las penas en un momento dado terminan de cumplirse, pero las instituciones deberán esforzarse en reparar la injusticia que ha supuesto ser víctima de ETA en cualquier dimensión. Hay que establecer políticas y discursos que sean de verdadero reconocimiento y reparación. Por parte de todas las instituciones, empezando por los ayuntamientos.

-Esos reconocimientos se están dando, pero en ocasiones se habla de todas las víctimas de todas las violencias.

-Víctimas hay de muchas violencias y todas han sufrido, pero el daño que ha generado ETA al País Vasco y España, tanto en pérdida de libertad y de vidas como desde el punto de vista moral, ha sido el más largo y el más dañino. Aunque también ha habido otros grupos terroristas como los GAL o el Batallón Vasco Español que han sido profundamente injustos, por supuesto.

-¿Cabría la posibilidad de que en el futuro se produjese una amnistía con los presos de ETA?

-No cabe, porque la Constitución prohíbe los indultos generales. El derecho de gracia es algo que tienen todos los Estados, pero los indultos se conceden de forma individual. La amnistía del 77, por ejemplo, fue anterior a la aprobación de la Constitución, que entró en vigor en el 78. Con el ordenamiento actual no cabría una posibilidad así. Además, la Justicia necesita que las personas que han cometido delitos paguen por ellos. Hay un aspecto de la pena que es aflictivo, y una persona que ha cometido asesinatos, por ejemplo, tiene que cumplir una pena por lo que ha hecho.

-¿Qué opina de la doctrina Parot, que alarga la estancia en prisión a los condenados a grandes penas?

-Sobre la doctrina Parot está pendiente de pronunciarse el Tribunal Constitucional y no me quiero pronunciar. Lo único que puedo decir es que cuando el Supremo modificó el criterio que se seguía hasta entonces para el cómputo de penas, la fiscalía del Supremo se opuso a esa doctrina. Por otro lado, bien por una decisión del Constitucional o una modificación del Código Penal, se podría volver a la situación anterior.

-¿Todas estas medidas son más políticas o jurídicas?

-Un Gobierno no puede condenar a nadie ni meterlo en la cárcel, pero la sustitución de penas o incluso el indulto forman parte del derecho de gracia que suelen contemplar todos los Estados democráticos. Los tribunales aplican la ley, pero la iniciativa legal es del Poder Legislativo, en definitiva, del Parlamento.

-Ahora que se ha producido un cambio de Gobierno, ¿qué espera del nuevo Ejecutivo en el tema del final de la violencia?

-Nosotros nos limitamos a aplicar la ley, pero espero un Gobierno que sea inteligente en la política que aplique respecto a este grave problema que es el terrorismo. Cuando digo inteligente me refiero, sobre todo, a que acierte en las decisiones que tendrá que tomar.

-¿En qué se concretaría ser inteligente?

-El tema es complicado, pero me refiero a que intenten ponderar todos los derechos para que consigan lo que todos esperamos, que es el final total del terrorismo de ETA.

-¿Le sorprendió el nombramiento de Gallardón como ministro de Justicia?

-Sí y no. Me sorprendió porque pensaba que la elegida podía ser otra persona, pero por otro lado no me sorprendió porque es un hombre con mucha experiencia política y de gestión, y que además cuenta con la condición de ser fiscal, aunque no trabajó mucho como tal.

-¿Qué le parecen los planes que ha esbozado para la Justicia en estas primeras semanas?

-No los he leído en detalle. Sé que ha hablado de modificar la constitución del Tribunal Constitucional o del CGPJ, pero son medidas que requieren de modificaciones de la Constitución o de leyes orgánicas, por lo que irían para largo. Por lo demás, por ahora no tengo una idea definida, habrá que darle tiempo.

El prestigio de Torres-Dulce

-Una de sus primeras decisiones ha sido nombrar a Eduardo Torres- Dulce fiscal general del Estado. ¿Se trata de un fiscal independiente, como se ha destacado desde algunos sectores?

-Es bastante independiente. Es un hombre con mucho prestigio en la carrera fiscal, probablemente el fiscal con más prestigio de España. También está claramente posicionado en la Asociación de Fiscales (conservadora), de la que es el nombre más carismático, aunque no la presida. Y también ha sido el que ha liderado el sector más crítico con Conde-Pumpido en los últimos ocho años. Yo no pertenezco a la misma asociación que él y no comparto la totalidad de sus ideas, pero sí que me parece un fiscal independiente. Y, además, va a contar con la ventaja de que va a ser el primer fiscal general que no va a poder ser cesado por el Gobierno ni va a poder ser renovado al final de la legislatura, por un cambio legal que llevó a cabo el anterior Gobierno, lo que le va a dar más libertad y le va a blindar ante posibles presiones. Aunque también tendrá mucha responsabilidad.

-Usted, como fiscal superior del País Vasco, ¿puede pronunciarse sobre cuestiones pendientes de recurso en tribunales superiores como la legalización de Sortu o el caso Bateragune?

-Los fiscales nos regimos, según la Constitución, por unidad de actuación y dependencia jerárquica. Tanto en el tema de Sortu como en el de Bateragune la Fiscalía del Estado se ha posicionado en contra de esas dos partes y yo no puedo pronunciarme en otro sentido.