El Muro de la Tortilla

Cada año, 50.000 adolescentes latinos con derecho a voto cumplen los 18 años en Estados Unidos. Detrás de los blancos, los hispanos son la minoría con mayor poder en las urnas, una tendencia rápidamente al alza si se considera que el 25% de los niños menores de 5 años que algún día elegirán al presidente tienen sus raíces al sur del Río Grande.

Aunque la clase dirigente ha tomado nota de esta situación hace tiempo, cualquier debate encaminado a integrar lo hispano en la agenda política choca de manera inevitable con el tema de la inmigración ilegal y los esfuerzos de diferentes administraciones para limitarla de manera drástica. De los dos grandes partidos, los republicanos no solo han sido los más proclives a la mano dura, sino que, allí donde el asunto de los indocumentados se convierte en un tema sensible a sus intereses, suelen poner en marcha polémicas iniciativas. Arizona, Alabama y Carolina del Norte, tres estados en manos de los conservadores, han promovido leyes tan restrictivas que han merecido el rechazo de las autoridades federales por violar la Constitución. No es de extrañar que, con ese ambiente, los aspirantes republicanos a la Casa Blanca se hayan encontrado con el apoyo de los hispanos en mínimos históricos.

En lugar de posicionarse sobre el reto lanzado por los estados sureños, los candidatos de la derecha se han enfrascado en Iowa en una discusión no menos polémica sobre las deportaciones masivas y el muro fronterizo que se construye entre EE UU y México. Conocida coloquialmente en el país azteca como 'Muro de la Tortilla', esta barrera iniciada en 1994 se extiende ya a lo largo de 950 kilómetros, gracias al espaldarazo dado por la Administración de George Bush en la década pasada. En sus argumentos durante las elecciones primarias, la congresista Michele Bachmann y el empresario Herman Cain -este último, con cerca electrificada incluida- defendieron la culminación de la obra (unos 3.000 kilómetros), lo mismo que Mitt Romney, el gran favorito para disputar el sillón presidencial a Obama.

Nada moderado en el capítulo de inmigración, el exgobernador de Massachussets también se ha mostrado contrario a ofrecer cualquier tipo de ayuda a los 'sin papeles'. Por si sus compañeros de partido se quedan cortos, Newt Gingrich ha prometido construir una doble barrera. Mientras, el gobernador de Texas, Rick Perry, es de los pocos que se oponen explícitamente a la ampliación de la muralla, muy condicionado por el enorme peso de la comunidad latina en su Estado.

Obama también

La Administración Obama, embarcada desde el inicio de la legislatura en una reforma migratoria que se considera ampliamente restrictiva, ha vendido el muro como una obra heredada, pero esta misma semana ha anunciado que agregará 1,6 kilómetros a uno de sus tramos, una extensión inferior a lo planeado por el Congreso.

Los últimos informes de la Patrulla Fronteriza señalan que, aunque el muro ha sido una herramienta exitosa para detener el paso de vehículos, casi no ha tenido efecto en el paso de inmigrantes ni en el tráfico de drogas. Si acaso, obliga a los indocumentados a dar grandes rodeos o a internarse en EE UU a través de áreas desérticas, donde resulta más difícil la supervivencia. Organizaciones humanitarias han denunciado que unas 3.000 personas han fallecido por las dificultades añadidas.

«Sin la valla no tendríamos tanto tiempo para atajar el movimiento de personas, pero su mera existencia no se va a traducir en seguridad fronteriza», reconoció a 'The Washington Post' el agente especial Jonathan Creiglow, que trabaja en los límites de California con México. Los planes de la Patrulla Fronteriza parecen reflejar la cautela de la Administración Obama sobre la efectividad de cercar una mayor extensión de la frontera. En una de sus referencias más sonadas sobre el muro, el presidente señaló que ni siquiera la construcción de una fosa plagada de cocodrilos dejaría satisfechos a los críticos de su gobierno.

A la efectividad se suman los costos, un aspecto central cuando el debate político gira en torno a la imperiosa necesidad de reducir el gasto y el déficit presupuestario. Según la Oficina de Contabilidad del Gobierno, el mantenimiento de los casi mil kilómetros actuales de muro representará un gasto de 6.500 millones de dólares durante los próximos 20 años.