Cameron reta al independentismo escocés

El Gobierno británico quiere que Escocia celebre un referéndum sobre su independencia en 2013 y le advierte de las consecuencias económicas de la victoria del 'sí', no acepta una consulta organizada por la Asamblea de Edimburgo ni avala los planes de los nacionalistas escoceses para mantener la libra esterlina como la moneda de su país tras la independencia.

Las trincheras de la batalla han sido así trazadas esta semana tras varios meses de cuidadoso examen. Hasta la mayoría absoluta lograda por el Partido Nacional Escocés (SNP) en las autonómicas del pasado mayo, la contención de los independentistas podía delegarse en los grupos parlamentarios de laboristas, liberal-demócratas y conservadores en Edimburgo.

El líder nacionalista, Alex Salmond, ya prometió un referéndum tras su victoria en 2007 por mayoría simple, pero no logró la tramitación del proyecto de ley para la consulta, rechazado por los demás grupos. Pero, en 2011, logró mayoría absoluta. En Westminster se decidió entonces quebrar la asunción general de que se aceptaría la consulta popular en los términos del ministro principal escocés. Esta semana, David Cameron y su viceprimer ministro, Nick Clegg, publicaron la respuesta sopesada en el Gabinete, cuyo subcomité para asuntos escoceses es presidido por el gran estratega de este Gobierno y ministro de Hacienda, George Osborne. Él ha marcado en días posteriores la fisonomía del pulso de Londres a Edimburgo.

«El SNP tendrá que explicar qué planes tiene para la moneda de Escocia, para su defensa cuando no tenga la protección de Reino Unido, para su economía cuando no sea parte de una economía mayor y no pueda beneficiarse de compañías británicas como AstraZeneca», dijo Osborne. Sus portavoces confirmaron que no se debe asegurar el uso de la libra por una Escocia independiente.

Osborne también mintió. «Ésas son las cosas que el SNP debe explicar a la población escocesa. Han estado ocultándose detrás de argumentos sobre procedimientos y ésta es la semana en la que hemos ido más allá», dijo. Pero las cuestiones de procedimiento ocupan un lugar central de su estrategia.

Materia reservada

Cameron y Clegg han publicado un documento consultivo en el que aceptan que los escoceses deben decidir su futuro constitucional, pero indican que la Asamblea de Edimburgo no tiene competencia para organizar tal referéndum, pues la ley de Escocia de 1998, que es la norma fundacional de la autonomía, establece que los asuntos relativos a la unión del reino son materia reservada para Londres.

La argumentación se basa en el artículo 29 (3), que define cómo debe interpretarse una invasión de las competencias del Gobierno central: «La cuestión de si una decisión del Parlamento escocés tiene que ver con una materia reservada debe determinarse en referencia al propósito de tal decisión, considerando (entre otras cosas) su efecto en todas las circunstancias.»

El propósito del referéndum, dicen los nacionalistas, no afecta a materias reservadas porque es consultivo. No pretende aprobar una ley de independencia sino ofrecer a la población la posibilidad de expresar su predilección. Una vez celebrado, el Ejecutivo escocés utilizaría el aval de ese voto para negociar con Londres las leyes que cristalizarían esa voluntad, tal como dicta la ley.

Es, en ese sentido, idéntico -como dice el Gobierno de Londres- a casi todos los referendos que se han organizado en Reino Unido. Igual, en su carácter consultivo, al que la coalición conservadora celebró en mayo, en el mismo mes en el que los electores escoceses daban mayoría a un partido independentista, sobre la reforma del sistema electoral, que fue rechazada. E idéntico también, en su carácter consultivo y en su propósito, al que Londres, que lo calificó de 'excéntrico', permitió en Gibraltar, en 2002, promovido por Peter Caruana, que ha llevado a sucesivos gobiernos británicos a declarar que no reavivarán la idea de soberanía compartida del Peñón, negociada entonces con España, tras su rechazo aplastante por la población gibraltareña en aquella consulta.

«Matonería e intimidación»

El Gobierno de Cameron advierte que se debe evitar una disputa en los tribunales sobre la legalidad del referéndum y ofrece dos alternativas -mediante orden ministerial o por ley, acordadas entre Edimburgo y Westminster- para celebrarlo con todos los avales. Y ofrece una serie de opciones para ser debatidas en ocho semanas, tras las cuales Londres emitirá su dictamen. La más importante es que el referéndum no contenga las dos preguntas planeadas por Salmond en 2010. Londres no quiere que los electores digan 'sí' o 'no' a si quieren una autonomía fiscal similar al concierto vasco y, de forma separada, a si quieren la independencia. Los referendos, dice el Ejecutivo, preguntan una sola cuestión; en este caso, la independencia. Que no tiene hoy respaldo mayoritario en los sondeos.

Alex Salmond debatía con sus colegas de Gabinete su plan para la celebración de la consulta al tiempo que Londres le retaba a este pulso. Presentará su proyecto el día 25 pero ya ha confirmado que los escoceses votarán por la independencia en el otoño de 2014 y que «la matonería y la intimidación» de esta semana favorecen su causa.