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AINTZANE EZENARRO
Viernes, 20 de enero 2012, 03:58
Una delegación de la Comisión de los Derechos Humanos del Parlamento Vasco, acompañados por la Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, hemos estado recientemente en Chile y Argentina para conocer y aprender de su experiencia a la hora de abordar la verdad, justicia, reparación y memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. Ha sido una semana intensísima en la que hemos contrastado legislación, visitado museos y memoriales, entrevistado a diversas asociaciones de víctimas, responsables de institutos de derechos humanos y de memoria y que nos han aportado una valiosísima experiencia para abordar aquí, en Euskadi, la tarea pendiente en esta materia.
Desde el primer momento sorprende ver que, en ambos casos, se han dado muchos más pasos que en el Estado español a la hora de reparar, hacer justicia, buscar la verdad y construir la memoria de las víctimas de la dictadura. En Chile, a pesar de partir de una transición pactada como en el caso español, sin embargo, desde el primer momento se pusieron en marcha Comisiones de la Verdad, -fue de hecho pionero en la puesta en marcha de estas experiencias-, que finalmente culminaron con la calificación como víctimas detenidas-desaparecidas de 3.100 personas (informe Rettig), así como más de 40.000 detenidos-torturados (informe Valech) y establece una reparación mensual/vitalicia para todas ellas.
La búsqueda de la justicia ha sido mucho más lenta e insuficiente, dado que sigue vigente la Ley de Amnistía de 1978. Se tuvo que esperar hasta el 2007 para que la ley de amnistía se dejara de aplicar, prevaleciendo la legislación internacional lo que ha permitido abrir procesos y encarcelar a algunos responsables, aunque todavía sea un número escaso como para hablar de que se haya hecho justicia. Son alrededor de 500 procesos abiertos, de los que ha habido 60 sentencias y en estos momentos hay 48 militares encarcelados.
En relación a la memoria, el último gobierno de la Concertación dirigido por Michelle Bachelet le dio un impulso decisivo a esta cuestión promoviendo el Museo de la Memoria y los DD HH y creando por ley el Instituto de Derechos Humanos de Chile. Culminaba así el trabajo de preservar la memoria y fomentar una cultura basada en el respeto a los derechos humanos que ya realizaban hasta entonces distintas asociaciones de familiares de víctimas con más de 200 memoriales en toda la geografía del país.
En Argentina también se ha avanzado mucho los últimos años, después de 20 años de impunidad total. A pesar de que la dictadura de Jorge Rafael Videla Videla acabó en 1983, se tuvo que esperar hasta el 2003 para dar por finalizada una etapa negra de impunidad propiciada por las leyes de 'obediencia debida' y 'punto final'. Solo con la llegada de Nestor Kirchner se empieza a dar la vuelta a la situación y se inicia una política de recuperación de la verdad, justicia y memoria. Se estableció la preeminencia de la legislación internacional, por lo que se investigan y se realizan juicios generales que en algunos casos han culminado con sentencias de cadena perpetua y todavía hay procesos abiertos.
En relación a la memoria, se ha recuperado el espacio de la ExEsma, uno de los sitios donde más se practicó la tortura y la desaparición, para reconvertirlo en un gran espacio de memoria el «ente público espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos. En ella se ubican desde el 'Centro cultural de la memoria Haroldo Conti', hasta distintas asociaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, como las 'madres de la plaza de mayo' o 'los hijos' compuesta por nietos recuperados (hay 105 nietos recuperados de 500 desaparecidos). También está el memorial de las víctimas, en el mismo edificio donde se recluían y se torturaban a los detenidos, así como el Centro Internacional de la Unesco para la promoción de los Derechos Humanos.
Una de las conclusiones inapelables de estas experiencias es que no se puede construir la convivencia basada en la ocultación de la verdad, ni en la impunidad. Que no sirve, bajo el argumento de una transición pactada, pasar página y no intentar clarificar lo que pasó, y hacer justicia. De hecho, en ambos casos se ha ido superando el modelo de amnesia que prevaleció los primeros años, más en el caso argentino. Por lo que nos reafirmamos en que la convivencia futura no solo requiere de memoria sino también de verdad y justicia para todas las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos que hemos padecido en nuestro país en las últimas décadas.
En relación al enfoque de la memoria, prima la vinculación de la memoria a la promoción de los derechos humanos, por lo que todas las instituciones públicas al respecto asocian en su nombre Memoria y DD HH. Se trata en definitiva, de abordar la memoria en relación no solo al pasado y a recordar lo que ocurrió, sino sobre todo como una oportunidad para, desde la promoción y la defensa de los derechos humanos, construir las garantías de no repetición. Y sobre todo, hemos constatado que los centros de memoria no llevan apellidos (salvo los monumentos específicos). No hay un centro de la memoria que limite su universo a unas determinadas víctimas, porque para que la memoria sirva para construir convivencia, tiene que ser abierta a incorporar todas las memorias. No se puede hablar de memoria y convivencia, sin pasar antes por integrar todas las vivencias y alcanzar consensos. Porque la memoria para ser constructiva o es compartida o solo servirá para generar nuevas divisiones. No volvamos a repetir errores del pasado.
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