2.000 perceptores pueden perder las ayudas sociales por estar ilocalizables

2.000 perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) podrían perder su prestación -cuya cuantía oscila entre los 650 y los 923 euros al mes- por estar ilocalizables para Lanbide, el organismo del Gobierno Vasco que desde diciembre gestiona la ayuda. De hecho, el Ejecutivo cree que la cifra de personas de las que no se tiene noticia puede incluso duplicarse en las próximas semanas, hasta llegar a los 4.000. De ser así, afectaría al 7% de los casi 56.000 beneficiarios que en estos momentos están cobrando el subsidio.

El asunto tiene que ver con el cambio de manos en la gestión de la RGI. Cuando el Gobierno Vasco, a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), tomó las riendas, envió por correo certificado una carta a cada uno de los perceptores para darles cuenta de la nueva situación: esencialmente, que a partir de ahora la percepción de la ayuda pasa a estar vinculada a la búsqueda activa de empleo -quien no quiere trabajar, no cobra, viene a ser la filosofía-. Precisamente por eso, la gestión pasó de depender de los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones a ser asumida de manera directa por Lanbide.

La cuestión es que, según reveló ayer el viceconsejero de Planificación y Empleo, Javier Ruiz, «2.000 cartas enviadas a beneficiarios han sido devueltas por tratarse de domicilio desconocido». Así que Lanbide ha iniciado una investigación caso por caso para determinar cuál es la situación real de estas personas que están ilocalizables.

Eso sí, ni el viceconsejero, ni el director general de Lanbide, Javier Ramos, ni el director de Formación y de Garantía de Ingresos, Pedro Sánchez, quisieron pronunciar la palabra fraude. «Puede ser que la persona no estuviese en casa, o que haya habido fallos en Correos», aventuró Javier Ruiz para evitar abrir antes de tiempo sospechas sobre un asunto tan delicado.

Sin embargo, sí admitió que, en cualquier caso, mantenerse ilocalizable supondría una irregularidad ya que los beneficiarios de RGI, por ley, deben estar disponibles para atender posibles ofertas de empleo o de formación. Y recordó el proceder habitual en las comunicaciones postales de este tipo: un funcionario de Correos acude al domicilio para entregar la carta; si no da con el destinatario o no consta que viva en el domicilio indicado, le deja una comunicación para que pase a recoger la misiva por la oficina de Correos en un plazo de siete días. De no hacerlo en ese tiempo, la carta se devuelve al remitente, en este caso, al Servicio Vasco de Empleo.

¿Qué ocurre ahora? Explica el viceconsejero que se citará a los afectados por medio del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), y se les dará cita para un día concreto en las oficinas de Lanbide. De no personarse, se procederá a la suspensión cautelar -que no retirada definitiva- de la prestación. Un escenario este más que previsible si se tiene en cuenta que la lectura del boletín oficial no es un hábito diario para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Mecanismos de control

Además, y como ya se ha adelantado, el número de afectados por esta situación podría incluso duplicarse porque, según el director general de Lanbide, Javier Ramos, en el organismo que dirige llevan un par de semanas recibiendo cartas de vuelta y, al haberlas enviado de manera progresiva, estiman que seguirán llegándoles durante los próximos quince días. De mantenerse el ritmo, rondarían las 4.000 devoluciones. Una evolución muy probable si se tiene en cuenta que hace una semana eran mil, y ayer ya habían subido a 2.000.

Todo esto despierta de nuevo el fantasma de la sospecha sobre la posibilidad de que haya bastantes personas que se aprovechan de uno de los sistemas de protección social más solidarios y generosos del continente. La propia consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ya alertó hace meses de que «hay profesionales del fraude que ven las ayudas sociales como rentas vitalicias». Así que uno de los retos de Lanbide es acabar con estas situaciones que no sólo generan un gasto injusto en las arcas públicas, sino que empañan la imagen de una mayoría de beneficiarios que perciben justamente la RGI y tienen en ella su único sustento.

En este sentido, el Servicio Vasco de Empleo cuenta con medios para el «control», aseguró ayer Pedro Sánchez, director de Formación y de Garantía de Ingresos. De momento, no han arrojado ningún resultado porque «estamos en un momento muy inicial» en el que los esfuerzos se centran en engrasar la maquinaria de Lanbide. Las bolsas de fraude, en caso de que realmente existiesen, aparecerán cuando se empiece a llamar a los perceptores para recibir cursos.