La comisión del caso De Miguel señala a seis ex altos cargos del PNV

El borrador de dictamen de la comisión de investigación constituida en el Parlamento Vasco para investigar las responsabilidades políticas del último Gobierno de Juan José Ibarretxe en la presunta trama de corrupción denominada caso Miñano o caso De Miguel se conoció ayer. Las primeras conclusiones, según ha podido saber este periódico, confirman tales responsabilidades. En concreto, de seis ex altos cargos nombrados a petición del PNV y de una sexta trabajadora del parque tecnológico de Miñano, origen de una investigación judicial que va camino de los dos años y que supuso la detención de destacados exdirigentes jeltzales de Araba, como el entonces diputado foral Alfredo de Miguel o los exburukides del ABB Aitor Tellería y Koldo Otxandiano.

El escrito, de 68 páginas, ha sido elaborado por el presidente de la comisión, Juanjo Agirrezabala (EA), que ayer mostró ante los medios su deseo de que pueda ser aprobado por la mayoría de la cámara. Tras un año de trabajos, aseguró que hay materia para corroborar las conclusiones.

Actuación «en red»

Son cuatro las líneas de investigación analizadas y el presidente incorpora sus propias conclusiones. Solo en uno, en el presunto caso de espionaje a cargos políticos y empresarios alaveses por el que están encausados el exburukide Aitor Tellería y dos ertzainas de la Unidad de Análisis e Información -se enfrentan a dos años de cárcel y una fuerte multa- niega la existencia de responsabilidades políticas, acotando los hechos solo a estas personas.

Todo lo contrario sucede en lo referido a la adjudicación de varios contratos por parte del Departamento de Cultura, dirigido entonces por Miren Azkarate, a tres empresas investigadas por el juez por pertenecer, según la Policía, a una red de cobro de comisiones ilegales, un hecho desmentido en sede judicial por todos los implicados. Se trata de la consultora Kataia -propiedad de De Miguel, Tellería, Otxandiano y sus mujeres, seis de los ocho detenidos el 17 de marzo de 2010-, de Errexal y de Ortzi Muga, estas dos últimas del exconcejal de Leioa Iñaki San Juan.

De la información que ha ido saliendo a la luz en el marco de esta comisión, Ortzi Muga fue beneficiada con cinco contratos, todos adjudicados sin mediar concurso público dada su escasa cuantía -inferiores a 12.000 euros- por un importe global de 57.715. Lo paradójico, sin embargo, es que no consta en el Ejecutivo documento alguno que acredite que estos trabajos se realizaron. Respecto a Errexal, de trece contratos recibidos, en siete no existe constancia. En total, facturó 129.716 euros del Gobierno Vasco. Con Kataia sucede algo similar con tres contratos por valor de 34.000 euros. De Miguel, en este caso, presentó al juez uno de ellos y sobre los otros dos dijo que se los subcontrató a San Juan.

Estos hechos llevan a Aguirrezabala a acusar al entonces director de Juventud, Xabier Sánchez Robles -también imputado- de actuar «con negligencia» y «connivencia» hacia empresas que eran de amigos y compañeros de partido a sabiendas, además, de que actuaban «en red». También atribuye responsabilidades políticas al exviceconsejero del ramo, Gurutz Larrañaga (otro imputado), al considerar que debía haber establecido más mecanismos de control.

La tercera vía y quizá más relevante al ser el embrión de la investigación judicial se ubica en Miñano, gestionado por personas de confianza del Gobierno Vasco, como Alfonso Arriola, el gerente, y Julián Sánchez Alegría, expresidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. Ambos también están imputados -Arriola fue uno de los ocho arrestados-. El dictamen les acusa de infringir la ley para dar a dedo un contrato de hasta 600.000 euros para ampliar las instalaciones y que fue asignado sin publicidad alguna a Urbanorma Consulting, propiedad de Ainhoa Alberdi, la abogada bilbaína que denunció el caso ante la Fiscalía. La paradoja es que la firma se constituyó con el principal fin de que le dieran este contrato. No hay que olvidar, además que Urbanorma también era propiedad del constructor jeltzale Jon Iñaki Echaburu, también imputado.

El caso Miñano

Aguirrezabala también amplía las responsabilidades políticas de Arriola y Alegría a la posterior adjudicación de otro contrato en Miñano. Se trata de Stoa, propiedad de Sergio Fernández, otro de los imputados. Asegura que el exburukide y director financiero del complejo industrial, Koldo Otxandiano, también es responsable de esta supuesta irregularidad junto a Miren Bilbao, una trabajadora sin adscripción política.

La cuarta y última línea de investigación se refiere a las sospechosas compras de suelo realizadas por el peneuvista Antton Zubiaurre en Santurtzi cuando estaba al frente de la Sprilur. Cifra las pérdidas para el erario público en 3,1 millones. El dictamen habla de actuación «personal».