El Gobierno Vasco reclama a Rajoy 367 millones por las discrepancias sobre el Cupo

Los casi cien millones que se habían cuantificado en un inicio son ya casi 'pecata minuta'. El Gobierno Vasco eleva a 366,8 millones de euros el importe de las discrepancias que mantiene con el Estado sobre el Cupo y que han impedido que desde que la ley quinquenal se renovara en 2007 no se haya liquidado (cerrado) ningún ejercicio. El pulso que ambas administraciones mantienen desde hace cinco años lo ha heredado ahora el Gobierno del PP -todo un 'deja vu' para un Cristóbal Montoro al que le tocó negociar el Cupo en la etapa Aznar-, a quien tras una primera reunión en enero casi de cortesía, el Ejecutivo de López ya ha solicitado un nuevo encuentro para tratar de poner fin a las discrepancias, lo que permitiría liquidar en mayo el ejercicio 2011. Lo cierto es que no será el único obstáculo. Ambas administraciones deben negociar también la nueva ley 2012-2016, algo que no resultará nada fácil dado que el Gobierno Vasco insiste en que ya en 2007 «se cerró en falso».

Lo cierto es que en este pulso por dirimir con exactitud la factura que el Gobierno Vasco debe pagar al Estado por las competencias no transferidas, ambas administraciones juegan fuerte. Por un lado, el Gobierno Vasco reclama 367 millones por partidas extraordinarias en educación, empleo o dependencia que el Estado ha destinado a las comunidades y sobre las que Euskadi cree que le corresponde el 6,24%, el supuesto peso que tiene la economía vasca en el Estado y porcentaje base para el cálculo del Cupo. El Estado opina bien diferente. Tanto que, como medida de presión, en mayo de 2011 tomó la decisión de elevar el listón y empezar a cobrarse de manera unilateral la deuda. Así, cerró 2011 reteniendo a las diputaciones 138,3 millones en ajustes del IVA e Impuestos Especiales. De hecho, el Ejecutivo vasco incluye en esos 367 millones que reclama la factura de los 138 millones.

Ante la falta de acuerdo con el Gobierno de Zapatero -pese a ser del mismo color político-, la consejería que dirige Carlos Aguirre intentará pulir su poder de convencimiento con el Ejecutivo de Rajoy y, en concreto, con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro.

Tras una primera reunión celebrada en enero con Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, el Gobierno Vasco no quiere adormilar esta disputa y ha solicitado ya por carta un segundo encuentro. Lo cierto es que el Ejecutivo de López tiene bien claro qué partidas suman esos 367 millones a los que Euskadi cree tener derecho.

Educación y dependencia

De ese importe, 96,7 millones proceden de las partidas extraordinarias para Dependencia y LOE (educación infantil de 0 a 3 años y refuerzo de las TIC -Escuela 2.0-) que el Estado ha concedido a las comunidades, pero que, o niega que le correspondan a Euskadi en el caso de la educación, o rechaza aportar a la CAV el 6,24% que la Ley de Cupo de 2007 le otorga. «Hay un acuerdo claro en la ley que indica que nos corresponde el 6,24%», defiende la viceconsejera de Hacienda, Manuela Escribano.

Menos problemas deberían dar los 80,5 millones que Euskadi reclama del Cupo de 2011 de las políticas activas de empleo. La CAV demanda su trozo del pastel de las ampliaciones de crédito del Estado en esta materia (unos 20 millones) y revisar el importe de las bonificaciones de cuotas que corresponde abonar a Euskadi (60 millones). Pese a la voluminosa cuantía, Lakua cree que cuando se liquide el Cupo de 2011 en mayo «no debería haber problemas para limar ambas diferencias».

Muchos más quebraderos de cabeza promete dar el que se ha convertido casi en el auténtico caballo de batalla de la negociación: el índice de actualización. Al tratarse de leyes quinquenales, cuando se renuevan, se calcula el Cupo base a pagar -en este caso 2007- y a partir de ahí se actualiza año a año según la recaudación del Estado.

En este caso, el origen de la discrepancia viene motivada por la decisión de Madrid de cambiar en 2009 la financiación de las comunidades, otorgándoles una mayor participación de la recaudación tributaria. La consecuencia es obvia: bajan los ingresos del Estado. Ese cambio en las reglas del juego ha llevado a Euskadi a estar convencida de que la factura a pagar también debe aminorarse. «Pedimos homogeneizar el índice y el Cupo base», señala Escribano, que en la actualidad el Estado lo sitúa en el 0,80%, mientras que la CAV lo deja en el 0,67%. En otras palabras, 183,5 millones en juego que Lakua quiere descontarse en la liquidación del Cupo.