Celaá advierte a los centros religiosos que no recibirán recursos de la escuela pública

Ya empieza a ser tradición que los actos públicos en los que coinciden la consejera de Educación, Isabel Celaá, y los responsables de Kristau Eskola se conviertan en un cruce de reivindicaciones, negativas y declaraciones de principios, siempre los mismos pero con distinto final.

Sucedió de nuevo ayer, durante el simposio 'El acuerdo como meta', organizado en Bilbao por el colectivo que representa a 141 centros concertados de enseñanza de orientación cristiana. Kristau Eskola había planteado la jornada, a la que asistieron representantes de las redes pública y concertada, con la intención de promover «un acuerdo educativo amplio» que tenga al alumno «como centro» y que aporte «estabilidad, viabilidad y sostenibilidad» al sistema educativo vasco.

El único punto en el que todos coincidieron sin reserva alguna es el referente al alumnado. A partir de ahí, y siempre con la voluntad más o menos conjunta de reflexionar y alcanzar acuerdos, las discrepancias se mostraron evidentes y las distancias lejanas.

Durante su intervención, el director general de Kristau Eskola, Aitor Bilbao, abogó por abrir «una fase de diagnóstico y de toma de pulso en el sistema educativo vasco». Además, apostó por «hacer un análisis exhaustivo de las necesidades y de los recursos» e incidió en la necesidad «de fijar una política de largo recorrido aunque haya que sacrificar el corto plazo». Tras resaltar los valores de «la igualdad de oportunidades y la equidad» como ejes que deben prevalecer en el sistema, Aitor Bilbao señaló que «los temas económicos no deben ser óbice para el desarrollo del alumno».

Kristau Eskola parte de un principio que su presidente, Joseba Kamiruaga, se encargó ayer de recalcar. «El concepto público se refiere al servicio educativo, más allá de la titularidad del que lo presta», dijo. El responsable de la organización defendió la necesidad de «considerar el sistema en su conjunto, ya que todo él se encamina a la consecución de las necesidades educativas de la sociedad». Y para alcanzar este objetivo, afirmó, es indispensable «un marco de estabilidad y sostenibilidad, más allá de coyunturas políticas, en el que se marquen horizontes claros, consensuados y definidos».

La respuesta de Isabel Celaá fue contundente y en ocasiones dura. La consejera, que hizo balance de los acuerdos alcanzados en los tres años de legislatura, mostró su «total predisposición» a llegar a puntos de encuentro con los centros de Kristau Eskola, pero trazó una «línea infranqueable». «Espero que no se esté planteando una redistribución de los recursos de la red pública hacia la concertada. Eso no lo vamos a hacer, no podemos ni debemos hacerlo y, además, sería injusto», recalcó.

Celaá recordó que la crisis económica «nos impide proceder a un incremento de los recursos disponibles», lo que lleva a la conclusión de que «hemos de arreglarnos con lo que tenemos y administrarlo bien». La consejera se mostró convencida de que los centros concertados son «conscientes de la gravedad del momento y de que hay que esperar mejores tiempos con más recursos». Pero, por si acaso, insistió en que «un nuevo y amplio acuerdo escolar no puede reducirse a la necesidad de establecer un nuevo modelo de financiación de la red privada concertada desde el presupuesto de partida de la insuficiencia de la misma». «El acuerdo escolar debe ser mucho más amplio que un arreglo en el tema de la financiación, con ser esta importante», advirtió.

«Un tremendo fraude»

Más allá de la infranqueable línea de los recursos, las intervenciones de Celaá y los responsables de Kristau Eskola reflejaron una profunda diferencia de conceptos. Ya desde el principio, la consejera negó que uno de los problemas de la enseñanza vasca sea la estabilidad. «No presenta déficits de estabilidad. A diferencia de otros sistemas en otros lugares, las sucesivas administraciones no nos hemos dedicado a borrar lo que nuestros predecesores habían hecho», indicó.

De más calado son las discrepancias en la idea de lo público que mantienen el Departamento de Educación y Kristau Eskola. Los colegios religiosos esgrimieron ayer como argumento el dato de que en 2010 el 69 % de la liquidación fue a parar a la red pública mientras que el 31 % se destinó a la concertada, cuando el sistema educativo vasco se construye a partes iguales entre las redes concertada y pública.

Para «que nadie se lleve a engaño», Celaá volvió a marcar otra línea al subrayar que «la escuela púbica y la privada son de naturaleza diferente no solo porque su titularidad lo sea, sino fundamentalmente porque lo son sus obligaciones». Por este motivo, insistió, «lo que no se puede hacer es sumar, dividir y comparar». Y en este punto lanzó otro mensaje a Kristau Eskola. «Comparemos lo que sea análogo en ambas redes y tratémoslo de modo análogo, pero no tratemos por igual lo que es desigual; supondría un tremendo fraude a la equidad y a la igualdad de oportunidades educativas y sociales».