Euskadi se desmarca de la amnistía fiscal

Euskadi no secundará la amnistía fiscal anunciada el viernes por el Gobierno para aflorar y repatriar el dinero oculto que se esconde fuera de España. Las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia mostraron ayer su rechazo a la medida, en tanto que en la de Álava, el PP -que no se pronunció al respecto- no dispondría del apoyo necesario para llevarla a cabo en caso de decidir imitar el esquema impulsado por el Ejecutivo de Rajoy. Bildu, PNV, PSE y Ezker Batua coincidieron en rechazar la medida por «injusta», «inaceptable» e «indefendible».

La llamada amnistía viene recogida en el proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2012 y es en realidad una medida para regularizar a bajo coste las rentas no declaradas de contribuyentes en concepto de IRPF, Impuesto de Sociedades y Renta de no Residentes. En resumen, a cambio de devolverlas a España, la Hacienda estatal les aplicará una tributación reducida, del 10% del valor de los bienes y derechos aflorados, y del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de origen extranjero. La regularización se hará mediante una declaración confidencial y deberá hacerse antes del 30 de noviembre. El Gobierno espera recaudar así 2.500 millones de euros.

La medida es aplicable en el conjunto de España excepto en los territorios de régimen foral que por ese motivo tienen autonomía fiscal: Gipuzkoa, Bizkaia, Álava y Navarra.

La Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, rechazó ayer secundar la medida. La titular de Hacienda, Helena Franco, explicó durante la presentación de la Campaña de la Renta de este año que «una lucha sincera y eficaz contra el fraude pasa por que todos los ciudadanos sepan que Hacienda tiene el mismo trato con absolutamente todas las personas», y reafirmó que la lucha contra el fraude es «una de las prioridades» del Ejecutivo foral que dirige Martin Garitano.

En Bizkaia, su diputado general, José Luis Bilbao (PNV), que convocó a los medios exclusivamente para anunciar su rechazo, señaló que si lo que el Gobierno quiere es «premiar al defraudador, que no cuente con nosotros». El dirigente territorial afirmó que «hablar de regularización es un eufemismo», ya que en su opinión, la medida «facilita el blanqueo de capitales», por lo que la consideró «éticamente inaceptable, políticamente indefendible y socialmente injusta».

El silencio de Álava

La que no se pronunció fue la Diputación de Álava, gobernada por el PP. En cualquier caso, el Gobierno foral que dirige Javier De Andrés necesitaría del apoyo de algún otro grupo para llevar adelante la amnistía. Y a la negativa de Bildu y PNV se sumó la del PSE. Su portavoz, José Antonio Pastor, mostró sus «dudas» de que decisiones de ese calibre sirvan para aflorar dinero para las arcas públicas vascas y que, por tanto, puedan tener «efectos reales en la economía».

Más allá de su utilidad, el dirigente socialista consideró además que «un premio para los defraudadores» es «muy difícil de mantener desde el punto de vista ético y moral ante una sociedad a la que se le están pidiendo grandísimos sacrificios».

Donde sí es posible que se imite la iniciativa es en Navarra. Su consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, ya avanzó el viernes que el Gobierno foral «muy posiblemente hará una cosa muy similar». Ayer redujo el tono y se limitó a señalar que el Ejecutivo de Yolanda Barcina «va a ver cuál es el alcance de la medida en Navarra -estimó que podrían recuperarse unos 40 millones-, cuál es la metodología, y en función de eso tomaremos la decisión».