El Gobierno Vasco estudia el aumento de la jornada laboral de sus empleados

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 establece entre sus numerosas y controvertidas medidas de ahorro la ampliación en 2,5 horas semanales -hasta las 37,5 horas- de la jornada laboral de todos los empleados -funcionarios y personal laboral- del conjunto del sector público, ya sea estatal, autonómico, foral o municipal. Una medida con la que se pretende economizar en el pago de horas extras y en contratación de personal sustituto, que tiene rango de normativa básica y es por tanto de obligado cumplimiento para todas las administraciones.

En el caso de Euskadi, la aplicación de esta norma a los cerca de 70.000 trabajadores con sueldos públicos que dependen del Gobierno Vasco «se encuentra en estudio», según señalaron ayer a este periódico portavoces oficiales del Ejecutivo de Vitoria. En cualquier caso, la decisión definitiva del Gabinete presidido por Patxi López, a pesar de que ya haya podido encargar informes jurídicos al respecto, aún podría demorarse al menos dos meses, plazo de tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que no se convertirá en Ley firme hasta principios de junio.

Además, las mismas fuentes señalaron que la aplicación en el País Vasco de la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos «podría incluso ser recurrida alegando invasión competencial», como ya ocurrió con el decreto-ley dictado por el Gobierno central el 31 de diciembre pasado por el que se suspendían las aportaciones públicas a los planes de pensiones de los funcionarios durante este año. Un recurso que aún no ha sido resuelto, si bien, de momento, el Gobierno Vasco está aplicando dicha suspensión.

Sin embargo, esta opción parece difícil de llevar acabo en este caso puesto que los calendarios laborales para todo el año ya están fijados y la complejidad de cuadrarlos haría inviable que se modificasen una vez para cumplir con la Ley estatal a la espera de la resolución del recurso, y otra para volver a retrotraerlos a su estado actual en el caso de que finalmente se diera la razón a Euskadi.

Todos en contra

No obstante, y aunque el Ejecutivo autonómico, el resto de las administraciones vascas -forales y municipales- y, por supuesto, las centrales sindicales, no se muestran en general partidarias de aumentar la jornada laboral de sus trabajadores, parece difícil que puedan evitar tener que aplicarla dado su carácter de normativa básica de obligada aplicación en todos los ámbitos públicos del conjunto del Estado.

En este sentido, la medida, que ya afecta a los más de 14.000 empleados de la Administración estatal que trabajan en Euskadi, debería concernir igualmente a los 6.000 empleados de las tres diputaciones forales y a los 23.000 de los ayuntamientos vascos, así como a los trabajadores de todo tipo de empresas, entes, consorcios, fundaciones, universidades o cualquiera otros organismos de titularidad pública, aunque en sus convenios tengan establecida una jornada laboral inferior.

A este respecto, en el texto del proyecto de Ley de Presupuestos se establece que «queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los acuerdos, pactos y convenios vigentes».