El déficit de las pensiones se dispara en Euskadi y supera los 800 millones al año

Si Euskadi tuviera que pagar las prestaciones de sus más de 500.000 pensionistas con las cotizaciones sociales de los aproximadamente 920.000 afiliados a la Seguridad Social, se encontraría con un grave problema: un déficit de 806 millones de euros al año. El desfase es fruto de un gasto de 6.768 millones y de unos ingresos por cuotas de 5.961 millones, según las cuentas del organismo público correspondientes a 2010, las últimas publicadas. Esos 'números rojos', que suponen un máximo histórico, se han disparado desde que el balance comenzara a ser negativo, en 2006. Aunque un sistema de pensiones es más complejo de lo que pueden mostrar las cifras de ingresos por cotizaciones y del desembolso en pensiones, ambos elementos son los más importantes y constituyen un indicador básico que permite hacerse una idea clara de su viabilidad y dificultades.

El sistema se enfrenta, a medio plazo, al problema del envejecimiento de la población y, a corto, a la destrucción de empleo originada por la crisis, aunque en 2010 presentaba aún en su conjunto un balance positivo, con un excedente de 219 millones. Es el «mayor envejecimiento de la población vasca» la causa principal de la diferencia que presenta el balance de la comunidad autónoma frente al resto de España, explica el catedrático de Economía Aplicada de la UPV Felipe Serrano. En Euskadi, cuando hace ya algunos años que distintas voces piden la transferencia de las pensiones, la evolución es preocupante. En los últimos cinco años conocidos -la desagregación territorial de 2011 aún no ha sido publicada por el Ministerio de Trabajo-, la progresión de ese déficit 'primario' ha ido creciendo: 79 millones en 2006, y en los ejercicios posteriores 135, 229 y 497 millones, hasta los 806 de 2010. Esta situación es una de las más graves entre las diecisiete comunidades autónomas. Serrano precisa que el sistema de pensiones sobrevive en Euskadi «gracias a la solidaridad del resto de las comunidades», que es lo mismo que decir del sistema nacional.

Sin embargo, los datos oficiales revelan que el País Vasco ha sido la autonomía que ha presentado un mejor balance en la recaudación por cotizaciones en los dos últimos años -2009 y 2010-, en los que sus ingresos crecieron el 1,45% y el 1,03% interanual, respectivamente. Solo Extremadura y Galicia presentaron también signos positivos, aunque con subidas inferiores a la vasca.

Aún así, este esperanzador comportamiento no ha evitado que el desajuste entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones contributivas haya seguido al alza por ese envejecimiento más acusado de la población vasca. Así, la cifra de pensionistas en Euskadi ha aumentado en los seis años de referencia el 12,2%, al pasar de 440.900 a 494.800, mientras que en el conjunto de España el alza ha sido del 10%, hasta sumar 8,6 millones.

Felipe Serrano atribuye también este hecho a la existencia en el País Vasco de un mayor número de trabajadores prejubilados, que en general acceden antes de los 65 años a la percepción de una pensión. O a la parte proporcional de la misma en el caso de las jubilaciones parciales por contrato de relevo, que se han utilizado de manera muy notable durante la última década.

Pros y contras

Aunque la tasa de paro del País Vasco es prácticamente la mitad que la del conjunto de España -12,6% frente al 22,8% según la última EPA-, la salud de su mercado laboral en lo que al sistema de pensiones se refiere deja mucho que desear. Los expertos indican que para que una estructura pública de este tipo no tenga problemas, ni a corto ni a medio plazo, el número de cotizantes debe duplicar al menos al de pensiones.

Pues bien, esa proporción se cubre a duras penas en el conjunto de España, donde hay 2,03 afiliados por prestación, pero es claramente insuficiente en la comunidad vasca, donde el ratio sólo alcanza un 1,87. Euskadi tiene las pensiones más elevadas de España: 966 euros al mes en 2010, que superaban en un 24% la media nacional, lo cual puede explicar en parte el déficit que presenta su sistema de Seguridad Social considerado de manera desagregada.

No obstante, este hecho se ve compensado porque en su territorio, las cotizaciones, como consecuencia de unos salarios más elevados -18,4%-, son más altas que la media nacional. Así, la aportación media de un trabajador vasco fue en 2010 de 6.439 euros, cifra que está también un 18% por encima de los 5.456 euros del sistema.

La evolución de las cuentas de la Seguridad Social en los últimos años revela también que, pese a todo, el País Vasco ha presentado una significativa contención de los ingresos con respecto al sistema nacional. De esta forma, mientras que entre 2004 y 2010 esa variable crecía el 26,56% en la comunidad autónoma, la media nacional lo hacía en el 30,39%. Una progresión neutralizada en parte con el incremento sufrido por el gasto en pensiones contributivas, del 47,74% (Euskadi), frente al 48,48% (España).

Pensionistas 'exportados'

Las cuentas individualizadas del sistema de pensiones vasco podrían ser aún peores, precisa el profesor Serrano, si se tiene en cuenta que se trata de una región que 'exporta' pensionistas; es decir, trabajadores que tras jubilarse regresan a sus puntos de origen de la geografía nacional, donde cobran sus prestaciones.

Así mismo, hay otro elemento que puede ayudar a cuadrar las cuentas del sistema a medio plazo, ya previsto en los acuerdos del Pacto de Toledo, y es que el Estado se haga cargo de los complementos que se pagan a los pensionistas con menores prestaciones para alcanzar el mínimo que establezca el Gobierno de turno. Son los conocidos 'complementos de mínimos', que en 2010 supusieron 6.997 millones, de los cuales el Estado solo aportó 2.706 millones. Ahora bien, eso no sucederá en Euskadi de la misma manera: los complementos son menos importantes que en otras comunidades, porque, al ser las pensiones más elevadas, hay menos beneficiarios que los necesitan.

Y todavía hay más, ya que no están incluidas en estas cuentas los gastos de funcionamiento (67 millones cada año) o los derivados del pago de las pensiones por incapacidad temporal (238 millones).