Los gobiernos central y vasco se coordinarán para el plan de reinserción de presos

Los gobiernos central y vasco se reunirán, probablemente en los próximos días, para coordinarse y colaborar en la aplicación del plan integral de reinserción de presos que va a poner en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y su homólogo vasco, Rodolfo Ares, serán los protagonistas de este encuentro, según fuentes autorizadas de ambas instituciones. Fernández Díaz telefoneó a Ares a primera hora del jueves, poco antes de anunciarse la nueva medida del Ejecutivo del PP, que desde el minuto uno ha contado con el respaldo del gabinete de Patxi López.

La complicidad tejida entre Fernández Díaz y Ares desde su primera reunión en enero va a tener así continuidad para informar al Ejecutivo autonómico de los detalles de un plan que constituye el primer gesto significativo de Moncloa en este campo desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia hace más de medio año. Ambos ejecutivos coinciden en que una de las virtudes principales de la iniciativa es lanzar un mensaje claro al denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera) de que son los reclusos y ETA quienes «se tienen que ir adecuando» a las reglas que marca el Gobierno, y no al revés, y de que el plan de reinserción es «el único camino» para acceder a beneficios penitenciarios.

El Ejecutivo vasco no ha presionado en estos meses al Gobierno de Madrid para que dé pasos, aunque hubiera deseado unos ritmos mayores. No obstante, Patxi López interpreta que, con su movimiento de ficha, el PP da «acuse de recibo» de las demandas políticas y sociales en el País Vasco para comenzar a desbloquear esta situación.

Lakua continuará dando cobertura al Gobierno español, consciente de que el equipo de Rajoy necesita que los colectivos de víctimas del terrorismo digieran los pasos que se vayan dando en una materia tan sensible como la de los presos. Algunos familiares de afectados por ETA ven con recelo el hecho de que no se exija a los internos el «perdón» para poder entrar en el programa que les puede facilitar el acercamiento a Euskadi si se desmarcan nítidamente de la organización armada.

El Gobierno central maneja varios borradores para elaborar el formulario definitivo que presentará a los presos que quieran desmarcarse de ETA para optar a la posibilidad de ser acercados a cárceles vascas.

Los formularios se inspirarán en las cartas de arrepentimiento que Interior ha obligado a firmar en los últimos meses a los reclusos disidentes de la banda terrorista que optaban a beneficios penitenciarios. Dichas misivas recogían por escrito que el interno renegaba de la violencia, pedía perdón a sus víctimas, y prometía colaborar con la justicia y hacer frente, dentro de sus posibilidades, a las indemnizaciones por sus atentados.

El Ejecutivo empezará con una treintena de reclusos de las cárceles de Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias) y aplicará automáticamente el plan a aquellos presos que se apunten al programa resocializador. Moncloa pone el foco en reclusos de estos dos centros al considerar que pueden ser susceptibles de avanzar hacia la desvinculación de la organización armada, entre los que podrían estar históricos dirigentes de la organización como 'Pakito', 'Baldo', 'Josu de Mondragón' y 'Santi Potros', entre otros. El objetivo es sumar el mayor número de reclusos, en aras a acelerar la disolución definitiva de ETA.

Es en este punto donde el Gobierno Vasco entiende que puede realizar aportaciones positivas, ya que en Euskadi, a través de la vía Nanclares, ya se han aplicado con éxito actividades parecidas como talleres restaurativos y, sobre todo, encuentros discretos entre presos de ETA arrepentidos y víctimas.

En una fase posterior, el Gobierno central tiene previsto seguir avanzando en lo relativo a las condiciones para mejorar la situación de los internos con enfermedades graves y analizar el estado de los reclusos que han cumplido las tres cuartas partes de su condena de cara a una hipotética flexibilización de su situación en función de su comportamiento.

Labor pedagógica

La mayor dificultad que afronta el Gobierno de Rajoy es la reacción de las víctimas del terrorismo. Un campo que le obliga a una compleja tarea diplomática. Pese a que el Ejecutivo ha modulado los contenidos del nuevo plan, consciente de que podía levantar ampollas entre los damnificados por ETA, no ha logrado su adhesión inmediata. Y eso a pesar de los esfuerzos didácticos por dejar claro que para acceder, en una segunda fase, a beneficios que faciliten la libertad futura, los presos sí deberán arrepentirse y pedir perdón a sus víctimas.

Esta labor pedagógica previa es la que aspiraba también a realizar en Euskadi el PP vasco. Distintas voces de la formación dirigida por Antonio Basagoiti no ocultan cierto malestar por no haber sido informados con antelación de los detalles de los planes de Interior, en especial cuando el partido está embarcado en una ponencia sobre el tema que se presentará en el congreso que celebrarán el segundo fin de semana de mayo en Bilbao.

El plan del departamento de Fernández oficializa la negativa, compartida por Madrid y Lakua, a ofrecer «salidas colectivas» a los internos, como desea el EPPK. Es por ello que la izquierda abertzale rechaza de entrada el planteamiento del Gobierno, aunque asume que el Ejecutivo da un paso, aunque sea para «aparentar que hace algo», en un contexto en el que la mayoría social vasca apoyaba la adopción de nuevos movimientos, señalan fuentes solventes del sector independentista.

No obstante, se opone de plano a que «derechos» como el fin de la dispersión y el reagrupamiento en Euskadi de los reclusos se vean sometidos a «condiciones» como las que plantea el Ejecutivo de renegar de ETA. Una posibilidad que tampoco contempla el EPPK, que sí pretende un gesto del Gobierno a favor de una salida colectiva que permita luego a los reclusos dar pasos individuales en la línea del reconocimiento del daño causado, siguiendo la vía irlandesa, para acceder a beneficios carcelarios.

El mundo de la antigua Batasuna tiene la sensación de que, con el plan de Moncloa, al menos da la sensación de que el Ejecutivo se va incorporando al consenso general de que «hay que avanzar en política penitenciaria». No obstante, los Gobiernos central y vasco destacan que una de las virtualidades del plan es que otorga la iniciativa en la gestión del nuevo tiempo a las instituciones, un liderazgo que siempre ha dado la sensación que en los últimos meses estaba en manos de la izquierda abertzale, diagnostican tanto desde Madrid como desde Vitoria.