La última carta de Urdangarin

Iñaki Urdangarin, la Fiscalía Anticorrupción y el juez José Castro esperan que se reparta la última carta de la partida del caso Nóos. Es una mano en la que el yerno del Rey se juega la cárcel si se confirman las acusaciones de evasión y/o blanqueo de capitales. El naipe que falta tiene forma de pieza secreta en la que se incluyen comisiones rogatorias sobre paraísos fiscales e informes de Hacienda. Pero en realidad, todo es una pose. Al menos en la Fiscalía y la Agencia Tributaria ya saben que la carta que el crupier está a punto de dar al duque, desde luego, no es un as. Es una carta envenenada porque los informes preliminares ya apuntan que, al menos por tres vías diferentes, Urdangarin, primero con su socio y luego por libre, sacó de España centenares de miles de euros.

El marido de Cristina de Borbón tiene desde hace meses muy complicado, aunque no imposible, eludir una condena de menos de dos años de cárcel con la que evitaría entrar en prisión pues no tiene antecedentes penales. La aplicación de una atenuante era a ojos del juez y los fiscales el único as que podía guardar Urdangarin en su manga durante la declaración en el juzgado para conseguir una condena benévola y no pisar la cárcel. Eso sí, para lograr esa 'escalera de color' no servían los faroles, era indispensable que el expresidente del Instituto Nóos se aviniese a colaborar. Que se acogiese a la figura del «arrepentimiento espontáneo» y lo pusiera fácil a las acusaciones para bajar el listón de sus peticiones de pena. Sin embargo, esa hipótesis se esfumó en febrero cuando Urdangarin compareció ante Castro. Aquel 25 de febrero, lejos de tirar de la manta, se vistió de tahúr, lo negó todo y culpó de todas las irregularidades a su antiguo socio, Diego Torres.

Sin margen

Tras aquel episodio, el margen de maniobra del duque en la partida se ha acortado mucho y sigue reduciéndose conforme avanza la timba. A estas alturas de la instrucción, afirman en la Fiscalía Anticorrupción, solo podría aplicarse una «leve atenuante» y solo si se produce un golpe de efecto «tremendo», una confesión de último minuto sobre un aspecto de gran envergadura que permitiera a la justicia dar pasos de gigante en sus pesquisas.

Con ese «ínfimo» descuento que en el mejor de los casos estaría dispuesto a hacer Anticorrupción, al abogado de Urdangarin no le salen las cuentas para sacar airoso a su cliente de esta difícil partida. Y eso que también él intuye que las cartas van a ser todavía mucho peores para el duque a cuenta del dinero en el extranjero.

La Fiscalía tiene intención de sentarle en el banquillo por cuatro delitos, por el momento. A saber: malversación, por haberse apoderado, él y Torres, de al menos tres de los casi seis millones de euros que recibieron de los gobiernos de Baleares y Valencia para organizar eventos deportivo-empresariales; fraude a la Administración; falsedad documental; y prevaricación. Excepto este último delito, el resto conllevaría cárcel para Urdangarin. Entre once años de máximo y cuatro de mínimo.

Con ese arco, explicaron esta semana diversas fuentes judiciales, todavía cabe la aplicación de eximentes, sobre todo en la medida de que Urdangarin y Torres accediesen a «reparar el daño causado» o «disminuir sus efectos» poniendo sobre el tapete todas las fichas; esto es, el total del dinero que se llevaron de las administraciones más, según establece la ley, un tercio de lo malversado. En total, unos cuatro millones de euros, de acuerdo a las estimaciones de la Fiscalía.

Pero con la «más que probable» inminente acusación por defraudación fiscal todo se va a complicar para Urdangarin, hasta el punto de hacer casi imposible pedir una pena que permita eludir la cárcel. La Fiscalía cree tener indicios de poder probar el fraude a Hacienda desde 2006 -en anteriores fechas habría prescrito- no ya desde el Instituto Nóos, que el yerno del Rey abandonó en 2006, sino a través de la fundación de niños discapacitados creada en 2007 y otras empresas de los dos socios.