Dimiten los dos vocales del PSE en el consejo del Consorcio de Residuos

Bildu se queda solo en el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK). Denis Itxaso y Arcadio Benítez, los dos únicos vocales del PSE en el consejo de administración de la sociedad gestora de residuos, presentarán hoy formalmente la dimisión de su cargo. Cumplirán así la advertencia lanzada a comienzos del pasado mes. Los socialistas están en desacuerdo con las decisiones que está tomando el consorcio, tras la paralización de la construcción del centro de residuos de Zubieta, donde se iba a construir la planta incineradora de Zubieta. A su entender, esta postura acarreará «graves consecuencias para Gipuzkoa» y supone un «importante perjuicio económico y financiero», que podría terminar incluso en «un concurso de acreedores» de la sociedad pública.

En rueda de prensa ofrecida ayer por la mañana en la sede socialista de Donostia, Itxaso y Benítez, acompañados de la secretaria de Política Municipal del PSE de Gipuzkoa, Susana Corcuera, denunciaron las consecuencias económicas que supone el «abandono» por parte del Gobierno foral del actual plan de residuos urbanos de Gipuzkoa.

Los socialistas recordaron que los contratos de construcción y financiación del centro de residuos de Zubieta quedaron suspendidos durante seis meses, tras el acuerdo presupuestario entre el Gobierno foral de Bildu y el PNV. El plazo de seis meses se cumple esta semana y el PSE considera que GHK ejecutará la «rescisión definitiva» de esos contratos, a día de hoy suspendidos. No en vano, el plan foral de gestión de residuos no contempla la construcción de la planta incineradora.

Esta decisión, a su entender, supondrá unas «consecuencias inasumibles desde el punto de vista político» de los componentes del Consorcio «porque supone participar de unas decisiones que van a generar un importante quebranto económico para este territorio y, por lo tanto, hay unas responsabilidades jurídicas y civiles».

El PSE advirtió hace mes y medio a Alduntzin, presidente de GHK, de la dimisión de sus vocales «si no corregía el rumbo». La dimisión se concretará de forma oficial hoy, durante la reunión del consejo de administración, sociedad pública instrumental del consorcio, y en la asamblea del ente de mañana, a través de una carta remitida a Alduntzin. Eso sí, los socialistas mantendrán sus dos representantes en la asamblea del Consorcio, para «fiscalizar» las actuaciones de la entidad.

«Desprestigio»

Según explicó Corcuera, la rescisión de los contratos provocará que GHK tenga que hacer frente «a importantes indemnizaciones» y supondrá el «desprestigio de este territorio frente a instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI)», que financiaba la obra. «Esta situación ha puesto en riesgo el equilibrio económico financiero de la sociedad. Existe riesgo de llegar a un concurso de acreedores si sobreviene una indemnización de importancia», añadió la secretaria de Política Municipal del PSE. «Los socialistas ni queremos ni podemos participar en este despropósito», añadió Corcuera.

En concreto, según detalló Itxaso, una vez finalizada la moratoria de seis meses, las empresas adjudicatarias han accedido a «prolongar 20 días esta situación hasta el 15 de julio». Si en esa fecha no se llega a un acuerdo, las empresas podrán reclamar el 8% del contrato de construcción del centro de residuos de Zubieta, lo que ascendería a 22 millones de euros, según Itxaso. «Habría que abonar 22 millones para volver al punto de inicio, es decir, para no hacer nada», señaló el secretario de medio ambiente del PSE.

Asimismo, habría que abonar a las empresas los 2,3 millones de euros correspondientes a la redacción del proyecto, que todavía están sin abonar. Además, según Itxaso, se han acumulado ya 1,6 millones de euros de pérdidas en la cobertura financiera, correspondientes a los seguros contratados por el crédito de 62 millones solicitado al BEI, del que solo se ha dispuesto 9,7 millones. «Sin embargo pagamos por unos seguros de 62 millones de euros, y al mes ahora se pagan 300.000 euros», aseguró el representante socialista.

«Buque cargado de deudas»

Itxaso criticó que ahora Alduntzin «quiera negociar con las empresas adjudicatarias una especie de trueque» para que, en «compensación las pérdidas» por no construir la incineradora, sean ellas quienes se ocupen de las plantas que recoge el nuevo plan foral de residuos. Al respecto, le ha recordado que para cualquier nuevo proyecto se deberá convocar un nuevo concurso público, como marca la ley.

Según explicó, «la única forma de enjuagar» esas cuentas es incremento de la tarifa de equilibrio por tonelada de residuos tratada o instando a las entidades consorciadas a que hagan aportaciones extraordinarias de dinero.

Ante esta situación Itxaso argumentó su dimisión porque «no podemos participar de una gestión de un consejo de administración de una sociedad que es un buque a la deriva cargado de deudas». Esos impagos van a tener «repercusión sobre sus principales socios, la Diputación (33%) y las mancomunidades, es decir, los ayuntamientos (66%), en una coyuntura de rebaja en la recaudación fiscal».