CatalunyaCaixa, a la que optaba Kutxabank, será por fin subastada

El Gobierno mantiene su intención de sacar CatalunyaCaixa a subasta una vez haya concluido el traspaso de sus activos 'tóxicos' al 'banco malo'. Esta es una de las cuestiones que más afectan a Kutxabank, interesado en hacerse con la caja catalana, de la reforma financiera aprobada ayer. El futuro que depara a CatalunyaCaixa -una de las firmas intervenidas por el FROB, que controla un 89% de su capital- lo explicó el ministro de Economía tras el Consejo de Ministros. Según precisó, la suspensión de la subasta no significa que no se vaya a seguir adelante con el proceso, pero lo que ocurre es que ahora hay que respetar los plazos de la nueva reforma financiera.

Así, a mediados de septiembre se conocerán las necesidades de capital de la entidad, de acuerdo con las estimaciones de Oliver Wyman, y entonces se podrá redactar un plan de reestructuración que deberá ser remitido a la Comisión Europea para su aprobación. A renglón seguido, se traspasarán los activos dañados al 'banco malo' para dejar una firma sana, que será «puesta en el mercado para que vengan inversores a adquirirla en una subasta abierta». De Guindos se mostró convencido de que, una vez retirada la parte 'podrida', quedará una entidad muy atractiva para los eventuales compradores.

El quid de la cuestión radica en el precio al que se realizará el traspaso de los activos 'tóxicos' al 'banco malo', ya que si es demasiado bajo entonces las necesidades de capital de la caja serán muy elevadas. Kutxabank, que lógicamente esperará a que todo este proceso se clarifique para tomar decisiones, está muy interesado en la caja catalana porque le permitiría doblar su tamaño de un solo golpe.

Al margen del futuro de CatalunyaCaixa, la reforma financiera aprobada ayer no afecta al banco de las cajas vascas a no ser que se vea obligado a pedir ayudo públicas, algo poco probable. Solo le atañen los nuevos requerimientos de capital, que ya cumple. Lo que sí le preocupa sobremanera es la regulación que se prepara para noviembre y que, según las condiciones de Bruselas, debe reducir el poder de las cajas en sus bancos filiales hasta perder el control, lo que ha sido calificado por su presidente, Mario Fernández, como un «expolio».