La crítica del juez Pedraz tras el 25-S enfrenta al Poder Judicial y a la clase política

Pocas veces una palabra de un auto judicial había dado tanto de que hablar. Ya sea por el escozor que ha producido en algunos, ya sea por el enfado que ha provocado en otros los virulentos ataques al juez. La mención de Santiago Pedraz a la «decadencia de la clase política» en su archivo de la causa contra los promotores del 25-S desembocó ayer en un agrio enfrentamiento entre todos los partidos sin excepción y la judicatura.

Un día después de que el PP, en boca de su portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, llamara «pijo ácrata» y cuestionara la capacidad jurídica de Pedraz por su referencia a los políticos, unos y otros, partidos y togados, salieron al paso para dejar clara su posición.

El primero en hacerlo fue el propio Hernando, que pidió perdón al magistrado por si se sintió ofendido. Lo hizo en una red social de internet, sin que su partido emitiese comunicado alguno para separarse de la descalificación vertida por su diputado, nada menos que el tercer portavoz del PP en la Cámara Baja.

Pero la llama ya estaba prendida. Y no había perdón que calmara el tremendo malestar de la judicatura por los insultos a Pedraz. Así las cosas, mientras las reacciones de los políticos de todos los partidos iban en la misma dirección, criticando que el juicio de valor del juez estuvo «fuera de lugar», el Consejo General del Poder Judicial sacó un duro comunicado en defensa de este.

El órgano de gobierno de los jueces señaló que «de haberse producido un exceso» en los términos empleados por el instructor de la Audiencia Nacional, «en ningún caso se justifica el recurso al insulto personal», en clara referencia a Hernando. Y añadió que las críticas que invaden la espera personal «mediante descalificaciones que atentan contra la dignidad personal son intolerables y deben cesar de inmediato».

Denuncia

La nota, firmada por la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, concluye que si algún elemento del auto molesta a personas implicadas o ajenas a la causa, «hay que recordar que tanto dentro como fuera del mismo proceso existen mecanismos para corregirlo». Se refería la portavoz a la posibilidad de recurrir la resolución judicial, por un lado, y a la vía abierta por si algún aludido quería presentar una queja en el órgano judicial contra Pedraz , del otro.

Esta posibilidad no tardó ni horas en hacerse efectiva. El pseudosindicato Manos Limpias denunció a Pedraz ante el Consejo por su crítica «displicente» a la clase política y por «denigrar» a la Policía, después de que el juez mencionara ciertos excesos en la investigación preliminar sobre los promotores del 25-S.

A la par de la ofensiva jurídica de Manos Limpias llegaron numerosas declaraciones de los políticos sobre las «inconvenientes» palabras del magistrado. Desde el PSOE y el PP hasta CiU, IU, UPyD, pasando por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que reclamó en tono irónico a Pedraz «más respeto».

Así, el diputado del PP y portavoz de su grupo en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, señaló que el instructor debió de haberse inhibido en enjuiciar los hechos «si simpatiza con el movimiento» que organizó la concentración. La líder de UPyD, Rosa Díez, afirmó que la crítica del juez fue «absolutamente lamentable y bochornosa».

El portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, lamentó la «falta de rigor» del magistrado, y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, vio injusto que generalice a toda la clase política. En similares términos, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, subrayó que «no todos los políticos somos iguales».