El Gobierno Vasco reconoce a los etarras 'Txiki' y Otaegi como víctimas de abusos

'Txiki' y Otaegi son víctimas de abusos policiales. Así lo reconoció ayer el Gobierno Vasco 37 años después de sus muertes. Los miembros de ETA fusilados en el año 1975 por el régimen franquista junto a tres miembros del FRAP son dos de las primeras víctimas reconocidas de la violencia de origen político en actos cometidos entre los años 1960 y 1978. La iniciativa de reconocimiento y reparación de estas víctimas de vulneraciones de derechos humanos, que surgió en 2007 a raíz de una propuesta de Aralar, se vio ayer materializada por la comisión creada por el Parlamento y el Ejecutivo vascos, que dio a conocer los nombres de las primeras personas que podrán acceder a las indemnizaciones aprobadas en junio pasado.

Los siete miembros de la comisión de valoración de víctimas de sufrimientos injustos y vulneración de Derechos Humanos presentaron sus primeros dictámenes, en los que aprobaron ocho solicitudes y rechazaron tres. Entre los beneficiarios se encuentran las familias de Juan Paredes, 'Txiki', y Ángel Otaegi, que tendrán una reparación económica que ascenderá a los 135.000 euros en un plazo de dos meses. A los etarras fusilados, la comisión les reconoce la condición de víctimas porque en el consejo de guerra en el que fueron condenados a muerte se les vulneró «su derecho a un juicio justo».

Otras víctimas reconocidas son cinco personas que no tenían relación con ETA, algunas fallecidas por los disparos de las fuerzas de seguridad en operaciones antiterroristas, así como un hombre muerto tras ser forzado «por elementos policiales o parapoliciales protegidos» a ingerir grandes cantidades de alcohol y aceite de ricino. La última beneficiaria es una mujer, Antxone Telleria, que resultó herida en Lekeitio en 1977, en el desalojo de una concentración que exigía la amnistía para los presos.

Un segundo decreto

No obstante, tres de las solicitudes han sido rechazadas por la comisión: una porque ya tiene reconocida su condición de víctima, otra porque reclamaba daños en un vehículo, y la tercera porque los hechos a los que hacía referencia sucedieron fuera del ámbito temporal que está siendo enjuiciado, es decir, entre los años 1960 y 1978. De hecho, está previsto que se apruebe un segundo decreto que abarque los abusos policiales desde 1978 hasta la actualidad.

La directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco y presidenta de esta comisión, Inés Ibáñez de Maeztu, arropada por los otros seis miembros, confirmó que tras cuatro meses de trabajo, finalmente han dictaminado qué personas podían ser reconocidas como víctimas. También que recibieron 55 solicitudes de estudio: 21 por fallecimiento, 32 por lesiones y dos que todavía se encuentran sin determinar. La directora destacó que han trabajado por riguroso orden de entrada de los expedientes y que han alcanzado sus dictámenes por unanimidad.

Además del reconocimiento como víctimas, la comisión solicitará al Gobierno y al Parlamento Vasco que las incluya en los actos colectivos dedicados a las víctimas y que asuma su deber de memoria, lo que también pide que haga el Gobierno de Rajoy porque, además, «la mayoría de los ataques fueron protagonizados por funcionarios estatales».

En el caso concreto de 'Txiki' y Otaegi, Txema Urkijo, asesor de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo vasco, afirmó que no debería haber problema por parte del Gobierno central porque fueran miembros de ETA, porque no se trata de rendirles un homenaje como tales, sino de reconocer que fueron víctimas de la vulneración de sus derechos humanos. En este sentido recordó que algunos miembros de ETA han sido reconocidos como víctimas del terrorismo por gobiernos tanto del PSOE como del PP después de sufrir atentados de grupos como el GAL.

Las reacciones a las resoluciones de la comisión vasca no se hicieron esperar. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, calificó como «indecente» el reconocimiento de los etarras 'Txiki' y Otaegi, como «víctimas de sufrimientos injustos». Reclamó la supresión de dicha comisión y aseguró que «el País Vasco no es independiente a día de hoy, y tenemos un gobierno central que tiene que controlar esto». Pedraza consideró «absurdo» el trabajo de la comisión y afirmó que el «único sufrimiento injusto ha sido el de una banda terrorista que ha matado a casi mil personas».