Alcaldes de PP y PSOE logran frenar la reforma del Gobierno para reducir la estructura local

La sintonía entre los alcaldes de PP y PSOE ha logrado frenar la reforma de la administración local que pretendía el Gobierno. Los regidores de ambos partidos se entienden mejor, no en vano tienen intereses comunes, que los gobernantes populares con los representantes del Ejecutivo, aunque pertenezcan al mismo partido. Esta identidad de puntos de vista ha conseguido parar la idea de Administraciones Públicas de reducir en un 30% el número de concejales y suprimir cerca de 4.000 ayuntamientos de pequeñas poblaciones.

La reforma de la administración municipal puede ser el primer acuerdo de Estado que pacten PP y PSOE en esta legislatura, un hecho excepcional si se tiene en cuenta que el mandato de Rajoy se caracteriza por los desencuentros con el PSOE en todos los frentes. El presidente del Gobierno prometió hace un año en su discurso de investidura la reforma de la administración en todos sus ámbitos, y la local es una de las más importantes por su tamaño y por el ahorro que puede acarrear, pero el acuerdo es laborioso y más lento de lo que el Gobierno desea.

El Ejecutivo de Rajoy pretendía ahorrar 3.500 millones de euros al año mediante la desaparición de la tercera parte de los 68.462 concejales repartidos en 8.116 poblaciones, la supresión de en torno a 4.000 municipios de pequeño tamaño y la fijación por ley del sueldo de los alcaldes. La negativa de los gobernantes de los dos partidos mayoritarios y de la FEMP evitó que la propuesta adquiriera rango legislativo.

Buen camino

Ahora, las negociaciones van por buen camino, según reconocen sus protagonistas. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, admite que hay acuerdo «en muchos asuntos», pero también discrepancias en temas no menores, como las diputaciones. El PSOE aboga por su desaparición, posibilidad que los populares, que gobiernan en la abrumadora mayoría de ellas, rechazan de plano. Los socialistas parecen dispuestos a modular su postura siempre que se acepte que estas instituciones provinciales tengan un nuevo papel y se centren en prestar servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Los criterios de ambos partidos son bastante coincidentes para rechazar la idea de suprimir el 30% de los ediles. Dirigentes de los dos partidos han recordado que es cierto que hay cerca de 69.000 concejales, pero el 90% no cobran por ello con lo que el argumento de que sería una medida de ahorro se desvanece. Más factible sería recortar el número de ediles y asesores en las grandes ciudades y capitales de provincia, que sí perciben una remuneración. El número que está sobre la mesa es que no haya más de 35 concejales, una cifra que obligaría, por ejemplo, a un severo recorte en Madrid, que tiene 57, y Barcelona, con 41.

Populares y socialistas también están de acuerdo en la delimitación de las competencias municipales para deslindar cuáles corresponden a los consistorios, a los gobiernos autonómicos y a la administración central. No habrá problema, pues, para que los ayuntamientos dejen de tener a su cargo responsabilidades en educación y sanidad que serán centralizadas en las autonomías.

Populares, socialistas y la FEMP confían en tener cerrada una propuesta a fin de año para que el Gobierno la estudie. El Consejo de Ministros pretende aprobar el proyecto en enero para que se tramite en el Congreso a lo largo del próximo año y entre en vigor en 2014.