Euskadi paga de más por el Cupo desde hace doce años

Al margen de los matices ligados a la situación interna del PSOE, el secretario general de los socialistas catalanes, Pere Navarro, no ha elegido un buen momento para descalificar los conciertos económicos vasco y navarro, pedir su abolición y asegurar que el Cupo que paga Euskadi al Estado está desfasado. Aquel índice de imputación, el famoso 6,24% pactado en 1981 por las administraciones central y vasca, pocas veces como ahora ha estado tan cerca de la realidad. Incluso, según los datos oficiales, durante los últimos doce años el País Vasco ha pagado un Cupo superior al que le debería haber correspondido, de aplicar de forma estricta el porcentaje real de renta relativa.

La economía vasca representaba el pasado año el 6,21% del PIB total de España y salvo cortos periodos de tiempo siempre ha estado por debajo del 6,24. En los años de la crisis industrial, por el hundimiento de las grandes empresas vascas ligadas al acero y el sector naval, y en los últimos 12 años porque este territorio no se vio tan favorecido como otras zonas de España -el Levante, o las zonas costeras de Andalucía y Cataluña, por ejemplo- por el 'boom' del crecimiento generado desde el sector inmobiliario.

«Si el Cupo es insolidario -asegura un exalto cargo de la Administración vasca que prefiere mantenerse en el anonimato «porque ésta es una polémica artificial»- deberían ser procesados por prevaricación Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, al menos. Euskadi paga en función de su renta, pero recibe de acuerdo con su población, que no llega al 4,7% de la del Estado. Casi dos puntos de diferencia, lo que supone casi un 33% de sobreaportación».

¿Es un privilegio? Si atendemos a una de las acepciones que la Real Academia de la lengua da a este término -«ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia»- hay que concluir que sí. «Pero está respaldado por la Constitución, refrendado por el Tribunal de Luxemburgo en lo que respecta a la capacidad normativa y tiene el riesgo -opina Alfonso Basagoiti, exconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco y miembro de la comisión técnica que negoció el primer Concierto con la UCD- de asumir la financiación pública en solitario. Cuando las cosas vienen mal dadas, como sucedió en Euskadi en los 80 y principios de los 90, cuando la tasa de paro superaba el 25% y había que recaudar impuestos, aquí no llegaba la caballería del Estado a solucionarnos el presupuesto. Ahora, tampoco llega».

El modelo vale

La idea rupturista de Pere Navarro no representa precisamente un sentimiento mayoritario en Cataluña, como algunos han pretendido trasladar. Nuria Bosch, catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona, experta en financiación regional y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, formado por Artur Mas para diseñar la hoja de ruta de su proyecto soberanista, «cree que el modelo del Cupo vasco no es criticable. Otra cosa es que se pueda valorar en un determinado momento si está ajustado a la realidad o no, si representa de forma fiel el peso de la economía vasca y si tiene dosis suficientes de solidaridad. Y para eso hay que descender al detalle técnico, hacerlo con rigor y no sirve una declaración política genérica. En Cataluña, una mayoría apoyábamos el pacto fiscal, de ahí que no me parezca mal el modelo porque es muy razonable». Una tesis la de la catedrática que coincide con la que han sostenido también desde la dirección del PSOE, en un intento desesperado de apagar el incendio que ha generado su líder catalán. Abolición no, revisión sí.

La complejidad de su proceso de cálculo, las diferentes variables que utiliza, los sistemas de compensación y la incapacidad real para entender todos sus aspectos, ha contribuido a extender la crítica fácil. Así, por ejemplo, puede pasar desapercibido que Euskadi ha financiado el 6,24% del aeropuerto de Castellón y el mismo porcentaje del de Ciudad Real, sin capacidad alguna de opinar sobre el asunto y menos aún sobre su presupuesto. Dos grandes monumentos a las inversiones públicas erróneas de la última década. «El 6,24% del tren de alta velocidad en el que Pere Navarro viaja de Barcelona a Madrid, también lo han pagado los vascos - recuerda Alfonso Basagoiti- y el trazado que debería unir el País Vasco con Madrid no está ni en proyecto. A este paso, harán antes el tren de alta velocidad de Madrid a Melilla que el de Bilbao a Madrid».

Se ha extendido la tesis de que el cálculo del Cupo se estableció de acuerdo a una negociación política, que hizo la vista gorda sobre los aspectos técnicos, para llegar a un compromiso aceptable por ambas partes. «En absoluto es cierto -recuerda Basagoiti-, porque allí se peinaron tomo a tomo los presupuestos generales del Estado y se descendió hasta el más pequeño detalle. Sirva de anécdota, por ejemplo, que se pactó pagar el 6,24% de los sueldos de todos los ministros y de todos los secretarios de Estado. Así, los vascos contribuyen a pagar el 6,24% del sueldo de Ana Mato, aunque la competencia de Sanidad está transferida. El análisis de los pequeños detalles fue total».

La conveniencia de revisar el cálculo del Cupo reclamada por la dirección del PSOE -más bien un intento de modular a la baja la 'patada en la puerta' de Pere Navarro- es en realidad una obligación e incluso una tradición que renace cada cinco años. Se debe hacer por imperativo legal en cada quinquenio, para revisar no sólo si ese 6,24% sigue ajustado a la realidad, sino también para volver a analizar la valoración de cada competencia. Eso sí, la metodología y los conceptos son fijos, porque forman parte del articulado del Concierto Económico.

Los años en los que parecía que Euskadi podía convertirse en un paraíso fiscal, gracias a la capacidad normativa que daba el Concierto en materia de impuestos y al deseo de las autoridades vascas de atraer nuevas inversiones, han quedado atrás. Hoy, el País Vasco tiene en vigor el Impuesto de Patrimonio, mientras que es la comunidad de Madrid el 'oasis' que no lo aplica, al tiempo que esta región alberga el 95% de las Sicavs -las sociedades que más ventajas ofrecen para la inversión mobiliaria- que hay en España. El 5% restante de estos privilegiados vehículos fiscales, curiosamente, está domiciliado en Barcelona.

Muchas discrepancias

Aristas y puntos de fricción en el Cupo y en el propio Concierto los hay a decenas. Así, algunos economistas e incluso algún técnico de la Agencia Tributaria ha puesto en cuestión los índices que figuran en el Concierto y que reflejan el peso relativo del consumo vasco. En términos generales, el 6,8% del total nacional. Estos índices se utilizan para calcular los ajustes de los impuestos especiales y también del IVA, y la acusación es que benefician a Euskadi al sobrevalorar el consumo real de los vascos. «Es difícil pensar -asegura un alto cargo del Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco- que la base de datos del Ministerio de Hacienda, que es la que controla estos datos y la que ha permitido elaborar los índices, está mal y que además el defecto beneficia a Euskadi y les perjudica a ellos. Simplemente, es difícil de creer, aunque opinar se puede opinar sobre cualquier cosa».

A lo largo de tres décadas, los encontronazos entre las administraciones central y vasca han sido continuos a la hora de establecer las liquidaciones de cada año y también de negociar la ley que debe regular el cálculo del Cupo cada cinco años. Y es que cualquier cosa puede ser sometida a interpretación, de uno u otro lado, para engordar o adelgazar la factura. En la actualidad, la ley quinquenal que entró en vigor en 2007 está prorrogada -una eventualidad prevista en la propia ley y un mecanismo que se ha utilizado de forma habitual desde la restauración del Concierto-, con discrepancias que se acercan a los 900 millones de euros. Corresponden a la liquidación final de los años 2007 a 2012 y tienen varios orígenes. La parte más importante procede de la disputa en relación a las cantidades que el Estado ha transferido a las comunidades autónomas de régimen común, para financiar los gastos derivados de la Ley de Dependencia y también la escolarización de los niños menores de tres años. El Gobierno Vasco sostiene, con toda lógica, que ambas son competencias asumidas por el Gobierno Vasco y que por tanto el Cupo no debe financiar el 6,24% del dinero que el Ejecutivo central gaste en estas materias. La postura no corresponde solo a una visión particular del PNV, ahora en el Gobierno, sino que fue defendida con los mismos argumentos y la misma rotundidad por el gabinete de Patxi López durante la pasada legislatura.

La polémica impulsada por los socialistas catalanes, a la que se ha sumado también UPyD, la formación de Rosa Díez, llega precisamente en un momento en que los gobiernos central y vasco habían acelerado las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que cierre esta polémica. «No llega en un buen momento -reconoce un portavoz de Hacienda del actual Ejecutivo vasco-, porque supone echar más presión sobre el Ministerio de Hacienda».