El fiscal superior investigará si el Consorcio de Residuos ha incurrido en una gestión ilícita

La controversia sobre la incineradora está a punto de dar un salto cualitativo. El Fiscal Superior de Euskadi, Juan Calparsoro, va a abrir diligencias informativas motivadas por la paralización de la planta de Zubieta. En último término, la Fiscalía quiere establecer si las cuantiosas indemnizaciones que hubiera que pagar por esta paralización son consecuencia de una mala gestión de los responsables del Consorcio, ya sea en esta o en la anterior legislatura. Si así fuera, los gestores podrían ser acusados de prevaricación o de malversación de caudales y obligados a responder con su patrimonio. El ministerio público quiere investigar los hechos para evitar que el pago de las indemnizaciones recaiga sobre los ciudadanos.

Calparsoro explica que actuará de oficio, debido a que nadie ha pedido a la Fiscalía que analice esta cuestión, pero señala que «no podíamos mirar hacia otro lado. Nos compete valorar si las decisiones de la Administración han podido ser ilegales y lesivas para la ciudadanía».

El Fiscal Superior señala que a la hora de plantear la investigación parte de dos hechos relevantes. El primero es el papel de las Juntas Generales. «La mayoría de la Cámara se posicionó a favor de la incineradora, una cuestión a tener en cuenta».

El segundo hecho radica en la existencia de unos contratos adjudicados. «Es perfectamente entendible que si se produce un cambio de gobierno, los nuevos responsables decidan paralizar una obra. Ahora bien, los perjudicados van a reclamar, porque la Administración de cara a terceros es la misma persona jurídica».

Calparsoro subraya que «no me corresponde opinar si tiene que hacerse o no la incineradora. Mi interés es analizar la cuestión desde el punto de vista de la legalidad y del interés social. Me genera una gran inquietud que exista la posibilidad de que los ciudadanos tengan que pagar miles de millones de euros en indemnizaciones, cuando quizá se haya llegado a esta situación por la mala gestión de los responsables del Consorcio o de la Diputación».

Calparsoro resalta que no prejuzga quién tiene razón. «Yo no digo que sea culpable este gobierno foral o el anterior, pero sí creo que los ciudadanos de a pie no tienen que pagar los errores cometidos en las inversiones públicas o por los derroches económicos o las discrepancias políticas». La investigación, aclara, se realizará desde una perspectiva económica. «El meollo es saber si la paralización de la incineradora va a provocar un gasto que vaya a recaer en los ciudadanos y establecer si es consecuencia de una gestión reprochable».

Calparsoro califica de «escandalosa» la posibilidad de que los guipuzcoanos acaben siendo los perjudicados por una gestión deficiente. «Merecen respuestas. No puede ser que por legítimas discrepancias entre partidos esos millones de euros de los que se habla tengan que salir del bolsillo de la gente de a pie».

El fiscal superior señala que si algún gestor resultara responsable de las indemnizaciones respondería con su patrimonio. «En el caso de que se demostrara que la mala gestión haya causado un determinado perjuicio económico, el responsable podría ser acusado de prevaricación o de malversación de caudales, entendido en este último caso como gestión arbitraria de los intereses públicos. En estos supuestos, sí respondería con su patrimonio, aunque además habría que aportar dinero del presupuesto para satisfacer las compensaciones».

Calparsoro indicó que es posible que tome declaración a personas aforadas, es decir, a parlamentarios que en su momento estuvieron relacionados con el Consorcio. De hecho, la investigación la asume la Fiscalía Superior, en lugar de la territorial, precisamente ante esta eventualidad. «A los gestores públicos -indicó- hay que exigirles un rigor que dudo mucho que estén teniendo. Se están tirando los trastos unos a otros y da la sensación de que están metidos en un círculo vicioso del que al final, si no se toman medidas, saldrá perjudicado el ciudadano».

64 millones

Las indemnizaciones a las que alude Calparsoro son el resultado de la paralización de la incineradora de Zubieta. La obra fue adjudicada en la pasada legislatura a FCC, Serbitzu, Altuna y Uria, Moyua, y AEE Innova. Estas empresas ganaron el concurso para la construcción de la planta por un importe de 223 millones de euros, más otros 50 por operar y mantenerla durante cinco años, prorrogables otros tres por 53 millones más. Hay que recordar que las obras en Zubieta se iniciaron en enero de 2011. En los meses de trabajo hasta su paralización, se procedió a la explanación del terreno y a la ejecución de accesos y diversas obras complementarias. Las indemnizaciones, según los cálculos realizados por técnicos de GHK en la pasada legislatura, alcanzarían los 24 millones de euros. Otros 40 millones en indemnizaciones podrían provenir del pleito iniciado por GHK con el Banco Santander, por entender que se contrataron productos especulativos.

Por otra parte, la auditoría referida al año pasado registra unas pérdidas de 46 millones. Las cuentas del Consorcio no pasan la auditoría por segundo año consecutivo.

Permiso ambiental

La paralización de las obras de la incineradora se produjo al poco tiempo de llegar Bildu al gobierno de la Diputación y al Consorcio de Residuos (GHK). Se trató de una decisión política, sin mediar argumentos técnicos ni judiciales. Por tanto, el Plan de Residuos aprobado en la pasada legislatura, que contempla la incineradora, sigue en vigor.

La semana pasada el Consorcio dio un paso adelante, aprobando la suspensión de la obra. En esta ocasión, se alegan infracciones jurídicas y técnicas para justificar la decisión. La presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, reiteró ayer que el proyecto que se pretendía ejecutar varía «sustancialmente» del anteproyecto. Este último, indicó, cuenta con los permisos medioambientales del Gobierno Vasco. Sin embargo, el proyecto que se pretendía llevar a cabo, entre otras cuestiones, elimina las plantas de tratamiento de escorias y de cenizas. Intxaurrandieta admitió que el proyecto sigue «vivo, pero en vías de que quede completamente anulado».

El PNV resta validez a estas alegaciones. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha indicado que los permisos medioambientales siguen vigentes. Los jeltzales señalan que la planta de escorias «estaba en espera de la regulación por parte de las autoridades competentes. Había tiempo suficiente para su construcción, una vez iniciada la ejecución del resto de equipamientos previstos».

Por lo que respecta a la de tratamiento de cenizas, el PNV señala que «nunca se ha previsto su construcción. Existen empresas autorizadas para realizar este trabajo».