Condenadas a dos y cuatro años las funcionarias del DNI que se quedaban con el dinero

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a las dos funcionarias de las oficinas de expedición del DNI de San Sebastián a cuatro años y medio y dos respectivamente por apropiarse de parte del dinero que recaudaban. Ambas, además, deberán devolver de forma solidaria 21.098 euros a las arcas de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi.

El magistrado Ignacio José Subijana, presidente de la Audiencia, ha confeccionado una resolución conforme al veredicto que el pasado día 11 de octubre emitió el jurado que enjuició el caso. Entonces, los miembros del tribunal apreciaron en una de las acusadas dos atenuantes, una de reparación del daño y otra de confesión. La Fiscalía solicitó para ella una pena de dos años y un mes de prisión. Para la otra acusada, el jurado no estimó ninguna atenuante, por lo que la Fiscalía demandó cinco años de cárcel. Antes del inicio de la vista, el ministerio público reclamó para cada una total de seis años.

El jurado declaró probada la tesis que a lo largo del proceso mantuvieron las acusaciones. Los hechos que fueron objeto del proceso se remontan a los años 2009 y 2010. Las dos acusadas, de 60 y 61 años respectivamente y con más de veinte años de antigüedad, prestaban sus servicios en el Negociado de expedición del DNI y Pasaportes, en las dependencias que el Cuerpo Nacional de Policía tiene en la capital guipuzcoana, en Amara.

A la finalización de la jornada laboral, los funcionarios del servicio entregaban el dinero a las acusadas y éstas tenían asignada la tarea de, además de almacenar los soportes físicos del DNI y pasaportes, guardar las cantidades en una caja fuerte que había en el despacho que ocupaban.

Antes de poner a buen resguardo la recaudación, se cumplimentaban sendos documentos contables, uno para el pasaporte y otro para el carnet de identidad. De esta manera, al día siguiente, estos impresos eran sellados en el banco cuando se procedía al ingreso. Seguidamente, la documentación se llevaba de nuevo al Negociado donde eran archivados y almacenados en la caja fuerte. La Fiscalía señaló que las dos procesadas compartían indistintamente esta tarea.

Las dos mujeres en lugar de efectuar las aportaciones al banco al día siguiente de su recaudación, las retrasaron en varias fechas, en algunos casos hasta más de un mes, y las liquidaron fuera de plazo. Durante el tiempo que transcurría entre la recaudación del dinero y su ingreso, las procesadas sustrajeron diversas cantidades de la caja fuerte y dispusieron de ellas de forma privada, o consintieron que un tercero lo hiciera. Detalló que durante el 2009 llegó a existir un déficit contable de 34.700 euros que finalmente fueron repuestos por las acusadas el 9 de noviembre.

Las dos responsables no sólo demoraron los ingresos en el banco, sino que se apropiaron de algunas cantidades. En este sentido, cifró en 29.098 el total de lo que las dos funcionarias sustrajeron.

Antes del inicio del juicio, las acusaciones estimaban que los hechos eran constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos en concurso con otro de falsedad de documento oficial, por el que pidieron para cada una de las acusadas seis años de prisión.

Los jurados, sin embargo, concluyeron que las dos acusadas era culpables de un delito continuado de malversación de caudales públicos, sin bien absolvió a ambas del de falsificación de documento.

Una de las acusadas, defendida por el letrado Miguel Alonso Belza, admitió en la vista parte de los hechos. Reconoció que supo que su compañera se había apropiado de dinero, pero añadió que estaba convencida de que lo devolvería. Asimismo, dijo que en ningún caso fue intención suya «lesionar los intereses patrimoniales del Estado». El jurado estimó en esta funcionaria la atenuante de reparación del daño, después de que hubiera devuelto 8.000 euros y también la de confesión, toda vez que «colaboró y facilitó la investigación de los hechos». De esta forma, el magistrado impone a esta acusada una condena de dos años, por lo que no tendrá que ingresar en el cárcel.

La situación no es igual para su compañera, ya que los cuatro años y seis meses impuestos le llevarán irremisiblemente a prisión, siempre y cuando el Tribunal Superior de Euskadi, ante un posible recurso, no revoque o rebaje la condena.

años y medio de cárcel suman las condenas impuestas a las dos funcionarias de las oficinas de expedición del DNI de San Sebastián por apropiarse de parte del dinero que recaudaban.