Justicia y Política Social asumen el papel de Emakunde en violencia sexista

Emakunde traspasará a los departamentos de Justicia y de Empleo y Políticas Sociales las funciones de asistencia directa a las víctimas de violencia de género, incluidos el servicio de atención telefónica y las ayudas económicas.

Esta transferencia en el seno del Gobierno de Vitoria, que no supondrá ningún cambio de procedimiento para las mujeres maltratadas, estaba prevista desde el inicio de la legislatura, pero se hace efectiva ahora al publicarse ayer en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el decreto con las modificaciones. El cambio se puso en marcha al tomar posesión el Gobierno de Urkullu, cuando desapareció la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género que estaba adscrita al Departamento de Interior del socialista Rodolfo Ares.

Sus funciones fueron absorbidas en principio por Emakunde pero, al cumplirse casi un año de aquel traspaso, y tras efectuar «el oportuno análisis», el Ejecutivo cree necesaria otra organización. En su opinión, el apoyo a las víctimas de sus parejas o ex parejas ganará en eficacia si lo realizan los servicios sociales que ya existen, «debido a su cercanía y especialidad».

Coordinación y diseño

De ese modo, el Departamento de Administración Pública y Justicia asume el auxilio a las mujeres, un cometido que recaerá en el Servicio de Atención a la Víctima (SAV) de los palacios de Justicia. La consejería de Empleo y Políticas Sociales se hace cargo del teléfono para mujeres agredidas (900 840 111) y también de los subsidios de pago único. Igualmente, pasarán a la Viceconsejería de Política Social el asesoramiento a los profesionales que tratan con las víctimas de violencia sexista y los medios materiales que utilizan.

Pese a perder esas funciones, el Instituto de la Mujer mantendrá la coordinación y el diseño de la lucha contra el maltrato. La secretaria general de Emakunde, Ana Alberdi, aseguró que el nuevo organigrama no traerá nada nuevo para las víctimas, que contarán con las mismas prestaciones y tendrán los mismos requisitos. Sólo se trata de modificaciones internas que se han aprobado por «unanimidad» en el seno de la comisión interinstitucional del Gobierno vasco, a fin de conseguir un sistema «más coherente» y «útil».