El PNV justifica su apoyo a la ley de seguridad privada en la «salvaguarda de las competencias en esta materia»

El PNV explicó que su apoyo al proyecto de ley de seguridad privada en el Congreso se debe, entre otras razones, a «la salvaguarda de las competencias en materia de seguridad en lo atinente a la seguridad privada». En este sentido, fuentes jeltzales señalaron que gracias a sus enmiendas «se ubica al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y a la Ertzaintza exactamente en la misma posición que al Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Según precisaron, «se reconocen las competencias en materia de autorización de empresas de seguridad, de registro público de las mismas, de determinación de los criterios generales de funcionamiento, de formación de los agentes privados de seguridad, de acreditación de sus competencias y destrezas, de potestad sancionadora, de la posibilidad de habilitación o inhabilitación de empresas y de agentes». Además, los jeltzales justificaron su apoyo en base a que consideran necesaria «la actualización de una norma que data del año 1992, por lo tanto obsoleta», e «introducir los nuevos conceptos que regulan la colaboración entre la seguridad pública y privada y la regulación jurídica de las agencias detectives, entre otros».

Asimismo, apoyan el proyecto «porque no se han introducido modificaciones sustanciales en relación al régimen de funcionamiento de los agentes de seguridad , que siguen careciendo del carácter de agente de seguridad. No obstante, adelantaron que, considerando que el proyecto de ley es «mejorable», en la tramitación de esta norma en el Senado el PNV introducirá enmiendas que «concreten cuál es el límite de actuación de los agentes privados de seguridad».

Críticas generalizadas

El programa legislativo que quiere aprobar el Gobierno choca, sin embargo, con las generalizadas críticas de la oposición, que, salvo PNV y CiU, ya ha denunciado que los proyectos del Ejecutivo limitan e incluso violan derechos fundamentales, y suponen un giro del PP hacia políticas ultraconservadoras.

El primer aviso a los planes de Mariano Rajoy llegó ayer en el pleno del Congreso, cuando toda la oposición, con algunos matices, se adhirió a una moción del PSOE que pide al titular de Interior, Jorge Fernández, que devuelva al cajón el anteproyecto de ley por considerar que lo que ha trascendido de su contenido no es más que una «ley mordaza», un intento de «restringir» derechos ciudadanos y de tratar de impedir a base de multas las protestas contra los recortes. La mayoría absoluta del PP derrotará hoy sin dificultades la moción socialista, pero su portavoz se quedó solo defendiendo las bondades del proyecto de Interior.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se enfrentará mañana a una situación similar cuando defienda ante el pleno del Congreso la admisión a trámite del proyecto de reforma del Código Penal, en el que entre novedades incluye la prisión permanente revisable para delitos especialmente graves o la extensión de la libertad vigilada a los exreclusos sobre los que recaigan sospechas de reincidencia.