¿Quién mató al conde de Monterrón?

Crímenes ilustres y cadáveres exquisitos no faltan en la historia de Mondragón. Casi doscientos años después, el asesinato del conde Monterrón continúa siendo un misterio sin esclarecer. Salvando las distancias, la impunidad de este crimen trae a la memoria el asesinato, 54 años después y en parecidas circunstancias, del general Juan Prim (1814-1870), a la sazón presidente del Gobierno y ministro de la Guerra. Tanto el conde Santiago Elías de Aranguren como el general Prim fueron tiroteados a trabucazos, murieron días más tarde a consecuencia de las heridas y sus asesinos nunca fueron descubiertos.

Autopsias recientemente realizadas al cuerpo embalsamado del general Prim, con ocasión del bicentenario de su nacimiento, han devuelto a la actualidad el magnicidio acaecido el 27 de diciembre de 1870 en la madrileña calle del Turco. El entonces presidente del Gobierno fue tiroteado a trabucazos cuando viajaba en su coche de caballos. Pero las causas reales de su muerte, fechada oficialmente tres días después, siguen sin esclarecerse del todo. Un primer informe sostiene que el político falleció estrangulado, y un segundo, avala la tesis tradicional de que perdió la vida fruto de la infección sufrida por los tres impactos de bala recibidos. Pero de los asesinos, ni rastro.

Obviamente, el cadáver de Santiago Elías de Aranguren, quinto conde de Monterrón, no se conserva. El atentado que costó la vida a este noble caballero de 54 años y a la sazón alcalde de Mondragón ocurrió el domingo 17 de noviembre de 1816, sobre las 21.30 horas, de un tiro de trabuco o escopeta disparado a la altura del muslo derecho cuando la víctima se dirigía desde el cantón de Zurginkantoi a su palacio sito en el arrabal de Zarugalde.

Juan Carlos Guerra, en sus Ilustraciones Genealógicas, dejó escrito que «...no había entonces alumbrado público. Iba el conde llevando él mismo su farolillo en la diestra, apoyada sobre el pecho, cuando al llegar al puente de Zarugalde, solo, sin alguacil ni criado alguno, oyó que le llamaban desde el camino de Santa Bárbara como demandando auxilio: ¡don Santiago!; volviese rápido hacia allí e instantáneamente recibió un escopetazo cargado con perdigón lobero».

Bruno de Guruceta, cirujano de la villa, acudió instantes después del atentado a reconocer a la víctima en su domicilio, y halló que las más de las heridas le atravesaban el muslo derecho «resultándole de gran consideración».

La reconstrucción de los hechos realizada por investigadores de Arrasate Zientzia Elkartea a partir de los exámenes y testimonios recogidos en el sumario revelan que don Santiago presentaba seis grandes agujeros ocasionados por postas y más de 60 producidos por perdigón grueso. «El mayor destrozo se concentra en un diámetro de 3 a 4 pulgadas (7-10 centímetros) y el total se extiende a más de un pie (30 centímetros)».

La capa de paño con embozo de terciopelo morado, frac de paño negro con botones seda del mismo color y los calzones de paño también negro que vestía la víctima en el momento del atentado fueron analizadas al objeto de determinar «qué tipo de arma y munición pudieron causas semejantes agujeros en las ropas». Las perforaciones que presentaban capa, faldilla del frac y calzones fueron atribuidas a impactos de postas, balas partidas y otras por perdigón grueso».

Con todo, el conde sobrevivió al atentado y «conservó la vida durante el lunes con perfecto conocimiento», según Juan Carlos Guerra. Confesado y tras recibir los sacramentos, fallecería el martes 19 a consecuencia de las heridas.

Las pesquisas para tratar de localizar y capturar al asesino o asesinos se iniciaron la misma noche del crimen. Son convocados inmediatamente el escribano Vicente Mª de Oquendo, que declaró haber observado rastros de sangre en el puente de Zarugalde, el teniente de alcalde Juan Berrosteguieta y los curas José Lino de Oyanguren y Juan de Echaguíbel. Desde el escenario del crimen se dirigen al camino de las 'cercas' que van hacia Santa Bárbara, y «observan vestigios de pisadas de hombre de las cuales algunas parecían de albarca y otras de zapato. Siguieron su rastro hasta la entrada de la calle Ferrerías, mirando en las casas circundantes, aunque no encontraron más rastros y no miraron en el cantón que desde el puente se dirige a la calle ni en el que va hacia el barrio de Olarte, porque los caminos allá son de piedra labrada».

Redada nocturna

Un número indeterminado de soldados y alguaciles participaron en la redada para buscar a los asesinos desarrollada durante toda la noche. Aunque al parecer sin ningún resultado. Tenían orden de «practicar un exacto reconocimiento de las casas de la villa y examinar los individuos de cada una en particular haciéndose cargo a todos los habitantes de dónde estuvieron de 9 a 10 del a noche del domingo 17, todos aquellos que pueden levantar arma de fuego y dispararla».

De la envergadura de las pesquisas que desató el asesinato del conde dan fe los autores 'Mondragón durante la ocupación francesa 1807-1813' (Javier Balanzategi, José Ángel Barrutiabengoa, Javier Eguiara e Iñaki Olaizola) cuando apuntan que «no cabe duda que el sumario seguido revistió una gran importancia si consideramos la cantidad de interrogatorios, indagaciones, declaraciones... que se realizaron en un número en torno a 580, así como autos y oficios dictados por el tribunal encargado por la Real Chancillería de Valladolid, el Ministerio de Justicia y Gracia, la Diputación Foral y otros municipios y de la provincia y del Estado».

De las 150 declaraciones que engrosan el sumario, las más extensas corresponden a Santiago de Nuarbe, Ignacio Uribesalgo y Carlos Antonio Elcano.

En un primer momento las principales sospechas recaen sobre Elcano «a causa de las fuertes desavenencias» que mantenía con el conde y alcalde de la villa «en torno a unas deudas» que se remontan a los primeros años de la ocupación francesa. El conde, en representación del Ayuntamiento, reclamaba a Elcano sendas deudas de «35.000 reales por suministros de pan y otros artículos a las tropas francesas y otra de 50.000 por apropiación de plata de la Iglesia».

Este desacuerdo, según se desprende de las declaraciones de algunos testigos, se había manifestado particularmente en una sesión del Tribunal de Cuentas de San Sebastián celebrada en 1811, a la que recurrió el conde para cobrar el importe de la primera deuda. Sesión que Elcano tuvo que abandonar precipitadamente después de que el conde intentara agredirle con una silla por insinuar 'connivencias' entre éste y el juez.

Otros desencuentros posteriores agriaron aún más la relación entre ambos, y en el momento de la muerte del conde el pleito «continuaba pendiente y una comisión creada un año antes para la liquidación de las deudas, en la que el conde era el miembro más destacado, había dado a partir de noviembre un plazo de 20 días para que Elcano 'pagara lo debido'».

El «especial celo que empleaba el conde en el desempeño de sus funciones pudo ser la causa de su muerte», según el testimonio de algunos componentes de la comisión, lo que no hizo sino aumentar la sospechas sobre Elcano.

El Tribunal seguirá esta línea de actuación «hasta febrero de 1817, fecha en la que Elcano se niega a declarar aduciendo su derecho a no ser juzgado por un tribunal ordinario» dada su condición de aforado como trabajador de Correos. Finalmente sería excarcelado en junio de 1817

A partir de la negativa de Elcano a seguir declarando, las diligencias judiciales se centrarán en los otros dos acusados: Santiago de Nuarbe e Ignacio de Uribesalgo.

Perdigonazos. Los testimonios recogidos en el sumario del asesinato del conde revelan que don Santiago presentaba seis grandes agujeros postas y mas de 60 producidos por perdigón grueso atravesándole el muslo derecho. «El mayor destrozo se concentra en un diámetro de 3 a 4 pulgadas (7-10 centímetros) y el total se extiende a más de un pie (30 centímetros)»