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JOANA OCHOTECO
Sábado, 22 de marzo 2014, 01:07
El área de Bienestar social concedió el año pasado 276 ayudas destinadas a atender necesidades de alojamiento y vivienda. La delegada de Bienestar social, Maite Cruzado, repasó ayer las acciones realizadas desde su departamento en esta materia. Le acompañaron el director del área, Juan de Dios Sanz, y la técnico Mila Holgado.
«La atención a las personas y familias es una cuestión fundamental» para el área de Bienestar social, según explicó la delegada. «Los tiempos son difíciles, y aún más para las personas en situación de vulnerabilidad. La vivienda siempre ha sido una problemática para las personas que estaban viviendo con dificultades», circunstancia agravada «en estos tiempos». Por ello, «hemos tratado de dar respuesta a estas necesidades. Hemos aumentado las prestaciones económicas para ayudas de emergencia social (AES)».
Del total de 276 ayudas distribuidas en 2013, 224 eran ayudas de emergencia social por un importe total de 239.599 euros. Éstas proceden de los presupuestos del Gobierno Vasco si bien son gestionadas por el área de Bienestar social. Las 52 restantes eran ayudas especiales municipales.
Juan de Dios Sanz concretó que las ayudas se han tramitado «en un contexto en el que las relacionadas con la vivienda tienen un peso importantísimo para el Ayuntamiento como prestaciones económicas sociales. Sobre el importe total que tuvieron en 2013 las AES, el importe destinado específicamente a alojamiento supuso casi la mitad» de la cuantía total de estas ayudas.
Un servicio específico
Además de este incremento en la cantidad destinada a ayudas relacionadas con la vivienda, «hemos adaptado la forma de trabajar a los nuevos tiempos», señaló Maite Cruzado. En este sentido, en junio de 2012 se creó una comisión «en la que trabajamos con Stop Desahucios». Pero además «Irun es el único Ayuntamiento que ha creado un servicio específico para abordar la cuestión de los desahucios». Este servicio o dispositivo se puso en marcha hace un año, en abril de 2013, «con el objetivo de atender situaciones de desahucio o de riesgo inminente».
La puesta en marcha de este servicio conllevó la contratación de una trabajadora social para atender el mismo. La trabajadora lleva a cabo «una intervención directa y muy personalizada, con acompañamieto, coordinación con otras entidades, visitas domiciliarias, etcétera».
Mila Holgado concretó que en 2013 se atendieron 43 situaciones de este tipo. 14 de ellas se referían a personas afectadas por un desahucio; 18 casos estaban motivados por dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler, y 11 por procedimientos de embargo o subasta de la vivienda. El importe de ayudas concedidas por este concepto ascendió a 39.959 euros.
La técnico recordó asimismo que el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Irun se sumó a un convenio suscrito entre la Diputación Foral y el Colegio de Abogados de Gipuzkoa, «para la prestación de asesoramiento jurídico a personas en riesgo de perder su vivienda o en el umbral de la exclusión social a consecuencia de reclamaciones de dinero». En el marco de este convenio, el consistorio ha derivado seis casos a este servicio de asistencia jurídica. Este servicio «es gratuito, y las familias pueden tener acceso a un abogado especializado en esta materia que pueda realizar, de forma urgente, acciones que puedan facilitar que la familia no tenga que abandonar su vivienda».
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