Una juez investiga a la alcaldesa de Pasaia por presunta prevaricación

Coacciones, prevaricación y obstrucción a la justicia. Son los delitos a los que se enfrentan la alcaldesa de Pasaia, el secretario del Ayuntamiento del municipio y un segundo letrado que sustituyó de manera interina al anterior. Todos ellos están incursos en un procedimiento penal que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Donostia, después de que presuntamente conminaran a dos agentes de la Guardia urbana para que no comparecieran en un juicio por una falta relacionada con una infracción de tráfico. La alcaldía dictó una resolución en la que advertía a los policías de la incoación de un expediente disciplinario en el caso de que desobedecieran sus indicaciones y se personaran en la vista. La alcaldesa y el secretario han prestado ya declaración por estos hechos en calidad de imputados y se espera que en breve lo haga el fedatario sustituto.

El caso que ha dado lugar a este procedimiento -Diligencias Previas 5344/2013- tiene su origen en un incidente que se produjo en febrero del pasado año. Poco antes de las cinco y media de la tarde, los dos agentes presuntamente amenazados fueron enviados por la central de mando de la Policía Local a la calle San Sebastián de dicho municipio, donde un automóvil mal estacionado en un vado impedía la salida de vehículos.

Los guardias demandaron la presencia en el lugar de una grúa y cuando ésta lo hizo, llegó también la titular del vehículo mal aparcado. Se produjo entonces un incidente, ya que la mujer se negó a abonar el importe de la salida de la grúa. En el transcurso del altercado, la conductora se encerró dentro de su coche en compañía de sus hijos menores de edad. Según la versión de la Policía Municipal, ante este comportamiento, los agentes la dejaron marchar, aunque elaboraron el correspondiente atestado que dio origen a un proceso penal por la comisión de una posible falta de respeto o desobediencia y que, a su vez, derivó en un juicio de faltas.

En las semanas posteriores, según denunciaron los policías afectados, la alcaldesa, Amaia Agirregabiria (Bildu); el secretario del Ayuntamiento, Joseba Belaustegi; y el secretario accidental, Iker Rokandio, por motivos que no han trascendido, les instaron a desistir en el proceso contra la conductora e incluso les conminaron a no comparecer en el juicio.

De acuerdo a las actuaciones que obran en la causa, el secretario municipal llegó a entrevistarse con la fiscal del caso, a quien planteó la posibilidad de retirar la acusación, si bien desde el ministerio público le hicieron saber de la improcedencia del planteamiento. El letrado solicitó también en el juzgado el archivo de las diligencias, una reclamación que también le fue denegada dado que Belaustegi ni siquiera estaba personado. Ante esta nueva negativa, el secretario se personó sin que los agentes lo supieran.

Resolución de Alcaldía

A partir de este momento, a causa de una lesión que le mantuvo varios meses de baja, Belaustegi se apartó del proceso, que quedó en manos de su sustituto, el también letrado imputado Iker Rokandio. Según las diligencias, el secretario interino y la alcaldesa dieron forma a una resolución, fechada el 6 mayo, la víspera de la celebración del juicio a la presunta infractora.

En dicho documento, Amaia Agirregabiria señala que, sin entrar a valorar si la conducta de la denunciada fue acertada o no, «una condena no aporta nada positivo» y ordenó al departamento Municipal de Secretaría que, dadas las circunstancias del caso, «hiciese las gestiones necesarias para evitar una eventual condena de la ciudadana denunciada».

De esta manera, conminó a los agentes a que no acudieran al juicio previsto para el día siguiente, al tiempo que les advirtió de que en caso de que «desobedezcan la presente orden y comparezcan en el juicio», se les incoaría un expediente disciplinario. La misma resolución señala que en el supuesto de que los agentes fueran multados por su inasistencia a la vista, el importe sería abonado por el Ayuntamiento.

El juicio contra la conductora se celebró en la fecha señalada. Los agentes finalmente no comparecieron y debido a la falta de pruebas acusatorias, se dictó una sentencia de absolución.

Tras estos hechos, sin embargo, uno de los agentes involucrados, representado por el letrado donostiarra Juan Román Zubillaga, se personó en la Fiscalía y dio cuenta de lo acontecido. Ante estas revelaciones, el ministerio público interpuso una denuncia que fue la que dio lugar a la apertura de las actuales diligencias.

Dentro de la fase de instrucción ya han declarado en calidad de testigos los dos policías. También lo han hecho la alcaldesa y el secretario titular, estos como imputados, ya que la juez que investiga el caso considera que del contenido de la denuncia «se desprende que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de coacciones, prevaricación y obstrucción a la justicia».

Tanto la edil como Belaustegi proclamaron su inocencia. Agirregabiria dijo que cuando firmó la resolución desconocía los términos de la misma y que confiaba en sus asesores legales. El secretario sustituto, por su parte, aun no ha declarado, si bien se espera que lo haga próximamente.

El proceso iniciado puede derivar en un sobreseimiento, si se demuestra que los imputados no cometieron ninguna ilegalidad, o terminar en un juicio oral. Los delitos que se les imputan llevan aparejadas penas de inhabilitación y prisión.