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J. ARTOLA
Miércoles, 30 de abril 2014, 04:06
Las veintiún personas detenidas el lunes en la operación Araña, acusadas de un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas a través de las redes sociales, quedaron en libertad con cargos a lo largo de la mañana de ayer sin pasar ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Sí prestaron declaración en diferentes dependencias de la Guardia Civil, cuerpo que desarrolló la redada. Los atestados policiales quedarán adscritos al sistema de reparto entre los seis juzgados centrales que se distribuirán los casos, y los jueces a los que les corresponda deberán determinar entonces las líneas de investigación y citar a declarar a los arrestados.
Dos de los arrestos fueron en Gipuzkoa (uno en Ormaiztegi), cinco en Bizkaia (dos menores de edad), y tres en Araba. En Navarra se detuvo a cinco personas, una de ellas en Arbizu. Las detenciones se extendieron a Cataluña, donde fueron interceptados otros dos jóvenes, otros dos en Asturias, uno en Castilla y León y otro en Galicia. Los agentes del servicio de Información de la Guardia Civil les incautaron sus móviles, ya que accedían por medio de éstos a las redes sociales para gestionar sus cuentas y perfiles.
Presunto enaltecimiento
La operación se desarrolló tras detectar la Guardia Civil en las cuentas de Twitter o de Facebook de los investigados comentarios supuestamente delictivos. Entre las víctimas insultadas figuran Irene Villa, Miguel Ángel Blanco o Fernando Trapero, el guardia civil asesinado por ETA en Francia en 2007.
Algunos comentarios y referencias difundidos expresaban de forma reiterada, en perfiles públicos y con numerosos seguidores adheridos, el deseo de que organizaciones terroristas todavía activas sigan cometiendo atentados. «Vuestros muertos son nuestra alegría y nuestra diversión», «Gora ETA. Muerte al @PPopular y larga vida al terrorismo, al asesinato y la extorsión de políticos, guardias civiles y policías», «Lástima que no haya ETA para que seas la nueva Irene Villa» o «Es una verdadera lástima que ZP disolviera ETA. Ahora estaría matando a maderos, políticos del PP, bankeros y demás chusma indeseable», fueron algunos de esos tuits interceptados.
Entre las reacciones, la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, celebró ayer las detenciones, al considerar que «no se deben permitir este tipo de comportamientos», y es necesario «que se ponga una línea muy clara entre lo que no se puede y no se debe hacer». El diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares rechazó la utilización del «arsenal» jurídico pensado para la estrategia antiterrorista contra los detenidos. La presidenta de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, criticó que la Fiscalía haya actuado de oficio, mientras que siempre se ha opuesto a las distintas querellas que ella ha presentado cuando ha recibido amenazas. Por el contrario, la asociación Dignidad y Justicia elogió a la Guardia Civil, y le animó a seguir en la línea de la «tolerancia cero».
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, preguntado en los pasillos del Congreso sobre estas detenciones, se limitó a recordar que cualquier asunto que esta sometido a la jurisdicción de los tribunales no debe ser «comentado por el Gobierno».
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