![Izaskun Moyua. [TXABARRI]](https://s1.ppllstatics.com/diariovasco/www/pre2017/multimedia/prensa/noticias/200709/21/fotos/007D5GENP1_1.jpg)
AITOR ALONSO
Viernes, 21 de septiembre 2007, 02:24
VITORIA. DV. Los servicios sociales vascos son una eficaz «puerta de entrada» al sistema público de atención a las mujeres víctimas de maltrato, pero queda «mucho por hacer» para que sean una salida igual de útil hacia una vida normalizada. Así lo puso ayer de manifiesto el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, que instó a los representantes políticos a dar «soluciones rápidas» a la necesidad de «vivienda y empleo» a la que se enfrentan las víctimas una vez que han dado el paso de denunciar su situación y romper los lazos con su agresor.
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La demanda, formulada ayer ante el Parlamento Vasco por la presidenta del organismo, Izaskun Moyua, es una de las recomendaciones con las que finaliza el extenso estudio acerca de la atención que se dispensa en Euskadi a las víctimas de la violencia doméstica. El resumen que realizó ayer Moyua es que «se camina por el sendero correcto», pero «aún queda mucho por hacer». La violencia doméstica es una realidad en Euskadi. Sólo en el primer trimestre de este año se contabilizaron en los juzgados vascos 936 denuncias de violencia de género, de las cuales 267 requirieron medidas de protección.
Emakunde considera que el problema de acceso a la vivienda tras la denuncia contra el agresor «sigue sin solucionarse». Ello, «a pesar de las medidas» emprendidas para facilitar el acceso a pisos de protección oficial, que según los datos oficiales han procurado un techo a medio centenar de mujeres entre 2005 y 2006. «Esta vía es valorada muy positivamente dada la carestía del mercado libre», admite Emakunde. «Pero todavía son más las peticiones que las respuestas positivas, lo que no augura que el problema tenga fácil salida a corto plazo», apuntó Moyua.
Respecto al empleo, las dificultades se reproducen debido a la propia situación del mercado y se agravan en el caso de mujeres «sin experiencia, sin cualificación o con personas dependientes a su cargo» y aún más en el caso de las inmigrantes. La tardanza en procurar vivienda y trabajo a quienes han dado el paso de cambiar de vida es uno de los «déficit del sistema» y constituye, según Emakunde, un «riesgo» ante la posibilidad de que las víctimas comiencen a «desandar lo andado».
Agilidad en la cita
La directora puso el acento, además, en la necesidad de «armonizar» el sistema vasco, dada su actual heterogeneidad territorial y competencial. Reclamó, en este sentido, un «modelo unificado de atención y de respuesta que garantice la eficacia en los resultados».
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Emakunde extrajo datos «muy positivos» en cuanto a la atención que se dispensa a las mujeres. En siete de cada diez centros se les atiende «de forma inmediata» y prácticamente en la totalidad de los servicios el plazo de la cita nunca se demora más de dos días. Existe «fluidez» en su derivación a otros recursos y se manifiesta que la coordinación entre instituciones «ha experimentado un avance sin precedentes».
Entre los aspectos sujetos a mejora, el informe apunta que la «falta de recursos humanos y temporales» dificulta en muchos casos la detección de los casos y condiciona los horarios de apertura de los centros.
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