Todos los grupos vascos se muestran dispuestos a estudiar el encaje de la educación en casa

SAN SEBASTIÁN.DV. Todos los grupos con representación en el Parlamento Vasco respaldaron ayer a la familia irundarra que fue imputada por educar a sus hijos en su academia y se mostraron dispuestos a estudiar el fenómeno de la educación en casa para sacarlo de la alegalidad. La unanimidad de todos los partidos fue recibida con «gran satisfacción» por el matrimonio irundarra Branson-Sánchez, que en los últimos meses se ha convertido en el gran adalid del homeschooling y que ayer fue la primera familia en comparecer ante un parlamento autonómico para exponer su caso. En otros países europeos esta práctica ya está debidamente regularizada.

La víspera de su comparecencia ante la comisión de Educación y Cultura, Ketty Sánchez, que da clase personalmente a sus cuatro hijos tras sacarlos del sistema educativo, advirtió de que podría obtener más apoyos de los que la gente pudiera imaginar, pero sus mejores previsiones se quedaron cortas ayer, cuando la totalidad de los grupos parlamentarios se mostraron partidarios de explorar nuevas fórmulas para la educación en casa.

«Las sensaciones con las que hemos abandonado la comisión son muy buenas. Creo que después de nuestra exposición los políticos han entendido mejor qué es lo que pretendemos, se han dado cuenta de que en absoluto es una dejación de responsabilidades para con nuestros hijos, y muchos han venido a decirnos que ahora ven la situación de otra manera. Lo más positivo es que ninguno se ha posicionado en contra», señalaba Ketty Sánchez. El matrimonio irundarra no estuvo solo en la comparecencia, ya que también tomaron la palabra la presidenta de la Asociación para la Libre Educación (ALE), un pedagogo, el director de un colegio a distancia, una profesora de la UPV y un abogado.

Unanimidad en la comisión

Tras la comparecencia ante la comisión de Educación, todos los grupos se mostraron favorables a estudiar los planteamientos de la educación en casa. El PP y PSE-EE, además, avanzaron que plantearán iniciativas para que no se criminalice y se reconozca legalmente esta opción educativa. De hecho, la familia de Irun fue imputada por la Fiscalía de Menores tras sacar del sistema educativo a sus cuatro hijos, aunque finalmente la Fiscalía delegó en la Inspección de Educación la decisión sobre el caso.

La presidenta de ALE, Sorina Oprean, demandó ayer que se reconozca de forma oficial la decisión de educar en casa por motivos «pedagógicos, religiosos o morales» y explicó que hay padres que eligen este camino porque «se han dado cuenta de que el Estado no ofrece soluciones concretas a las necesidades de sus hijos». Negó que la educación en casa suponga un «abandono familiar» y añadió que personas adultas que en su día fueron educadas por sus padres «se desenvuelven ahora en su vida de manera exitosa».

Desde los grupos parlamentarios, Iñaki Oyarzábal (PP) dijo que su grupo presentará algún tipo de iniciativa para que se regule la enseñanza en el domicilio, porque «ha llegado el momento de que en España se reconozca esta realidad».

El socialista Antonio Ribera mostró la disposición de su partido de instar al Ministerio y al Departamento vasco de Educación a llevar a cabo las modificaciones legales para que sea un derecho.

La parlamentaria del PNV Leire Corral indicó que su grupo va a estudiar la legislación de otros países para analizar las «posibles soluciones». Itziar Basterrika (EHAK) aseguró que su grupo cree que «la educación va más allá de la escuela» y avanzó que analizará esta opción. En la misma línea, Idoia Cuadra (EA) dijo que su partido también va a estudiar la documentación y la regulación que existe en otros países.