A. LERATE
Sábado, 12 de diciembre 2009, 03:20
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo del Ayuntamiento de Usurbil por el que se aprobaba el cambio de las normas urbanísticas para construir una planta de compostaje en el municipio, informó ayer la Dirección del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.
El Consorcio guipuzcoano, presidido por el diputado foral Carlos Ormazabal, había denunciado que la planta prevista por el consistorio usurbildarra invadía sus competencias y no respetaba la planificación determinada en el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa.
Además, criticaba la duplicidad de inversiones y, por tanto, de gastos que generaría una «red paralela de compostadoras». Así, tanto el Consorcio como el Ayuntamiento donostiarra habían denunciado que el presupuesto de la entidad comarcal asignaba dinero para la construcción de una red de compostadoras comunitarias, cuando el Consorcio de Residuos tenía previsto abrir plantas metropolitanas.
Doble pago
«Paralela a la compostadora que el Consorcio tiene en Lapatx, originaría un doble pago por parte de los municipios del entorno de San Marcos, poniendo en riesgo la economía del territorio», apuntó Ormazabal cuando anunció los recursos presentados contra la Mancomunidad hace dos meses.
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Otro de los motivos que sustanció la acción judicial fue «la modificación en el criterio del reparto de los gastos» entre los ayuntamientos de la mancomunidad, que en el presupuesto de 2009, «y en contra de lo dispuesto en sus estatutos, deja de hacerse en función del número de habitantes de cada municipio, para hacerse en función de las toneladas depositadas, en perjuicio de San Sebastián y Astigarraga», explicó Ormazabal.
Fija la gestión
Asimismo, el alto tribunal ha rechazado mediante sendos fallos los recursos presentados contra el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián «que buscaban invalidar los acuerdos de colaboración para la definición de los planes de gestión de residuos en alta para Gipuzkoa».
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Con la decisión del TSJPV en mano no se podrá construir la planta de compostaje en Usurbil cuando menos hasta que concluya el procedimiento judicial, lo que supone «la necesidad de gestionar la generación del compost en Gipuzkoa a través de las infraestructuras del Consorcio, tal y como determina la planificación foral».
La asamblea del Consorcio aprobó en octubre denunciar por vía judicial los planes de construcción de esta planta de compostaje. Pero desde el Consorcio informaron ayer de que ya entonces el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictaminó a favor de la legalidad de los Acuerdos de constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa de 27 de febrero y 15 de mayo de 2007.
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A través de ellos se establecía un convenio de colaboración entre la Diputación de Gipuzkoa y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-Erdia, Urola-Kosta, Tolosaldea y Ayuntamiento de Donostia para la definición de la gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa.
Estas resoluciones judiciales vienen a remarcar, manifestó el Consorcio, «la obligación de que las administraciones afectadas por la gestión de residuos respeten la planificación aprobada por los órganos forales».
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La decisión del tribunal, añaden las mismas fuentes, «reafirman al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa como único competente en el territorio para la gestión en alta de los residuos urbanos». Además, agradeecen que se le da al Consocrcio «el espaldarazo definitivo como entidad encargada de la construcción de las infraestructuras que presten el servicio a medio plazo».
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