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La mayor parte de los efectivos de la Policía Local en las calles ha decidido 'relajar' su presión sobre el infractor. Los uniformados afines a esta medida de presión priorizarán «ser pedagógicos antes que sacar el talonario de multas». Es la última decisión de este ... colectivo, «harto» tras meses de desencuentros con la cúpula política del cuerpo. Apuntan a la titular del departamento, la concejal socialista Marian Gutiérrez, al director de Seguridad Ciudadana, Javier Sáez Lanas, para quien el comité de empresa ha reclamado su cese en un par de ocasiones, así como a la jefatura de la Guardia urbana.
En el fondo de esta movilización alegal –los policías no pueden hacer huelga– subyace una sensación de «engaño» en las bases policiales respecto al nuevo plan de modernización. Tanto en el fondo como en las formas. «La primera vez que tuvimos conocimiento de ese proyecto, se nos quiso imponer en tres meses y que arrancara el 1 de enero de este año sin ningún tipo de negociación», recuerdan desde Aguirrelanda. La fuerte oposición interna obligó a que la concejala Gutiérrez lo aplazara hasta 2022.
Según ha sabido este periódico de fuentes internas de la Policía Local, esa reestructuración contempla –entre otras medidas– «la amortización de plazas de agentes en la calle, transformándolas en puestos para mandos», «la imposición de calendarios que impedirán la conciliación familiar», «la infravaloración de los años de experiencia» y la «desprofesionalización del cuerpo».
«No es una cuestión de dinero, sino de que se puede poner patas arriba la Policía Local», traza uno de los impulsores de la iniciativa. Además, acusan a Lanas de «seguir intentando imponer» ese nuevo modelo «sin ni siquiera hablar con el comité, que para eso está».
Gestada a espalda de las centrales sindicales, que sin embargo la ven con buenos ojos, esta movilización acaba de echar a andar.
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