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Las viviendas de uso turístico existentes en Vitoria se encuentran ahora mismo en un limbo legal ya que la ordenanza actual no contempla su regularización. Pueden ubicarse en cualquier piso, sin limitaciones. Y así seguirá siendo porque la oposición municipal rechazó ayer la modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a esta cuestión. Tanto EH Bildu como Elkarrekin votaron en contra de la propuesta del Gabinete Urtaran, mientras que el PP optó por la abstención. Lo que proponía el gobierno municipal (PNV-PSE) era que solo se permitieran las viviendas turísticas en las primeras plantas y en los bajos de los edificios. Esta norma afectaría a toda la ciudad menos al Casco Viejo, un barrio para el que se elaboraría una estrategia propia enmarcada en el Plan Especial de Rehabilitación Integrada, más conocido como PERI.
Sin embargo, la propuesta no ha convencido a la oposición y ahora habrá que volver a la casilla de salida. «Se tendrá que iniciar de nuevo toda la tramitación», confirman fuentes del gobierno municipal, que advierten de que «ahora se genera una inseguridad jurídica y se sigue en una situación de no adecuación a la ley de turismo». Se calcula que en la capital alavesa existen unas 60 viviendas destinadas a esta actividad, que aunque no se ajusten a una ordenanza de la ciudad sí que están notificadas y registradas en el Departamento de Turismo del Gobierno vasco. Los grupos que votaron en contra consideran que la modificación se queda corta para controlar la proliferación de este fenómeno que todavía no ha llegado a causar problemas importantes en la capital alavesa.
«En un primer momento se dijo que este tipo de viviendas solo podrían estar en la planta más baja de un edificio, ahora se incluyen también los primeros pisos. Un cambio con el que no estamos de acuerdo», trasladó el portavoz de EH Bildu, Félix González, que pidió que en la nueva normativa se establezca también un número máximo por zonas. Una petición con la que coinciden el resto de grupos de la oposición. «Con su propuesta, una de cada cinco viviendas del Ensanche podrían pasar a ser de uso turístico. Y también el 28% de los pisos del Casco Viejo. Para nosotros el uso prioritario de la vivienda debe ser el residencial», zanjó González.
«Esto no es Barcelona»
Por su parte, el portavoz de Elkarrekin, Óscar Fernández, denunció que dejar fuera de la norma el Casco Medieval y no poner límites en otras zonas podría suponer problemas de masificación. «Esto abre la puerta a la gentrificación y dificulta todavía más el acceso a la vivienda en nuestra ciudad». En el caso del PP fueron bastante más escuetos tras su abstención. «Queremos que se tenga en cuenta toda la ciudad y no que se deje fuera parte del Casco Medieval», resumió su portavoz, Miguel Garnica.
Ante estos miedos de la oposición, la teniente de alcalde y concejala del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, Ana Oregi (PNV), negó que el cambio vaya a provocar gentrificación. «Esto no es Barcelona, Palma de Mallorca ni San Sebastián», defendió. También aprovechó para aclarar a EH Bildu que los locales comerciales jamás se podrán convertir en viviendas turísticas, como temía este grupo. «Los pisos turísticos podrán estar en plantas bajas siempre que estas tengan uso residencial. Algo que no pasa mucho en esta ciudad pero que sí ocurre en determinados barrios como Ariznabarra o Adurza».
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