«No sabía nada de la huelga. Vengo desde Araia para pedir un acta de nacimiento y no me han atendido. Lo peor es que no tienen ni idea de cuándo podrán hacerlo. No han podido darme otra cita». Margarita salió ayer muy contrariada del ... Palacio de Justicia de Vitoria. Esta mujer de mediana edad es una de los más de doscientos ciudadanos afectados por el paro indefinido convocado por los letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales). La convocatoria es a nivel nacional.
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Según las estimaciones de los huelguistas, secundaron las protestas «el 70%» del personal destinado en la provincia. Esto ha significado la suspensión de toda actividad en la vía civil, contencioso administrativa, Audiencia Provincial de Álava y en los dos juzgados de Amurrio. El seguimiento alcanzó «el 77%» en los servicios comunes, «el 50%» en las salas de lo Social y «el 37%» en Penal. Las cuatro salas de Instrucción, las que atienden las urgencias y detenciones, funcionaron «con normalidad». Para las doce del mediodía se habían aplazado una treintena de juicios.
Esta movilización responde a la petición de los letrados de la administración de justicia, conocidos por el acrónimo de LAJ, de una «adecuación salarial». Llevan con los sueldos congelados «desde 2009». En abril apalabraron una subida con el Ministerio de Justicia, pero aquel acuerdo fue parado por Hacienda. Tras un par de paros puntuales en noviembre y diciembre, ha empezado un paro indefinido en toda España.
En este sentido, a la una del mediodía tuvo lugar una manifestación de estos profesionales de la Justicia en la madrileña plaza de Callao. Los LAJ son los directores de las oficinas judiciales. Por ejemplo, su firma resulta imprescindible en la mayoría de los trámites. Desde notificación de sentencias a conciliaciones familiares o liquidaciones de sociedades de gananciales.
En el Palacio de Justicia de Vitoria, los efectos de esta movilización fueron más que evidentes. «Hemos llamado a las nueve en punto para ver qué funcionaba y qué no. La verdad que a mí me han cancelado más de una decena de asuntos programados para hoy», relató a este periódico un procurador. Los servicios mínimos se reducen a las causas con preso, la violencia de género, los menores y el juzgado de guardia.
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«En mi caso tenía una declaración para un investigado por hurto. Nos la han cancelado. Lo peor es que me he enterado al llegar al juzgado», señalaba un abogado penalista con evidente resignación.
En el Registro Civil, servicio que atiende unas 120 citas diarias, la temperatura era mucho más elevada. Muchos de los ciudadanos que acudieron a este servicio salieron con las manos vacías. Entre ellas, Yurema y Aintzane. La primera, embarazada, acudió a para solicitar un certificado de nacimiento. Con él pretende hacerse pareja de hecho con su pareja, un proceso que se realiza con el Gobierno Vasco. «Tenemos un mes de plazo y sin ese papel no podemos hacer nada. Nadie nos ayuda ni sabe darnos una fecha de cuándo se desbloqueará esta huelga», criticó.
Es el mismo documento pedido -sin éxito- por Yuderca. Ella se presentó sin cita «porque ayer me cansé de llamar por teléfono sin conseguir que me cogieran el teléfono». Su situación también apunta a peliaguda. «Mi problema es que necesito ese certificado para un familiar que está tramitando sus papeles».
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