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Los armadores de Ondarroa, encuadrados dentro de la confederación empresarial Cepesca, alertan que el establecimiento de una política de gravámenes al gasóleo, tal como contempla la propuesta de Directiva europea para reestructurar los impuestos sobre productos de la energía supondrían una grave desestructuración del «frágil» equilibrio de su actividad. Además, advierten que a medio plazo pondría en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país y de Europa, frente a los intereses de otras zonas geográficas, tales como la asiática, «actualmente inmersa en una guerra abierta y desleal para acaparar con sus flotas, en muchos casos ilegales, los recursos marinos».
Según el sector, la propuesta de Directiva, que prevé establecer un impuesto al gasóleo de 3 euros por cada 100 litros de combustible a partir de 2023, impactaría en la viabilidad de las empresas pesqueras al suponer el combustible, por término medio, un 40% de los costes de su actividad. Este impacto, además de a los buques de altura afectaría también a la bajura, mayoritariamente empresas familiares y «verdaderas espinas dorsales de la cohesión económica y social de muchas zonas costeras».
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