Acto de conciliación sin acuerdo entre Aroztegia y la plataforma

En torno al mediodía entraban en el Juzgado de Paz de Elizondo los siete miembros de la plataforma Aroztegia eta gero zer? para participar en el acto de conciliación al que habían sido llamados después de conocer que la empresa Palacio de Arozteguia S.L. iba a presentar una querella criminal contra ellos por sus declaraciones en una rueda de prensa celebrada en enero.

En el exterior del Juzgado, situado en la parte trasera del Ayuntamiento de Baztan, una treintena de vecinos esperaba para mostrarles su apoyo. A la salida, explicaron que les reclaman «además de la petición penal, una indemnización de 50.000 euros». La exalcaldesa de Baztan, una de las siete acusadas, explica que desde la empresa les piden que se retracten de unas declaraciones. «Quieren que reconozcamos que Palacio de Arozteguia no ha participado en ningún caso de corrupción», que es algo que «no dijimos».

Por eso, al no llegar a ningún acuerdo, se declara «acto de conciliación sin avenencia» y la empresa tendrá que decidir si sigue adelante con la querella.

Desde la plataforma creen que «el objetivo de la querella no es más que jugar con el miedo, buscar la criminalización del movimiento popular y silenciar a toda la población que está denunciando públicamente la imposición de este proyecto». Recuerdan que tienen 900 firmas contra el PSIS y que unas «1.500 personas acudieron a la manifestación pidiendo la consulta popular».

«Este proyecto crea conflicto social y tenemos claro que estas querellas que nos han interpuesto tienen como objetivo obstaculizar y quitar la legitimidad que tiene la consulta popular que se realizará, así como judicializar el tema de Aroztegia», leyó en una nota Itziar Torres. La alcaldesa de Lekaroz, Miren Meoki, recordó que «el pueblo de Lekaroz dijo no a este proyecto en el batzarre, algo que había que recordarle a Ayerdi cuando dice que ya ha pasado el momento de hacer una consulta». Creen que su manera de actuar «deja claro que está haciendo un uso partidista de su cargo público para favorecer a sus allegados, en vez de utilizarlo para defender el interés general».