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El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha aprobado la declaración de Irun como zona de mercado residencial tensionado y la confirmación de ese paso ... ha llegado acompañada del anuncio de que a lo largo de este mismo año la sociedad pública Visesa dará inicio a la construcción de 420 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Todas ellas se levantarán en el ámbito San Miguel-Anaka, que tras décadas de espera arrancará en los próximos meses su urbanización y su desarrollo residencial.
Se trata de la mayor operación de vivienda pública que el Ejecutivo vasco ha impulsado en la ciudad, enmarcada en el Plan de Acción de respuesta a la declaración de zona tensionada que en colaboración con el Departamento de Vivienda desarrolló el Ayuntamiento de Irun y que supone comenzar la obra de un millar de pisos públicos en los próximos 3 años. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y la alcaldesa de la localidad, Cristina Laborda, han confirmado los números y los plazos de este programa público residencial .
De esta forma, Irun se suma a otros municipios vascos que han visto reconocido su esfuerzo por afrontar el reto del acceso a la vivienda como son Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria y Barakaldo. En ese sentido, el consejero ha destacado que «hoy en Irun damos un paso crucial en la apuesta de Euskadi por garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible», y ha confirmado que su departamento y el Ayuntamiento de Irun firmarán próximamente un convenio para promover más de 600 viviendas en los próximos 4 años. en el que colaborarán ambas instituciones
Itxaso ha asegurado que Irun, Zumaia, Lasarte-Oria y Barakaldo aparecerán en el listado de zonas tensionadas que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo mes de abril. «El día 23 saldrá publicado en el BOPV y posteriormente en el BOE. Con estos cuatro municipios más Errenteria, en torno a un 10% de la población vasca ya vive en localidades oficialmente tensionadas», ha añadido el consejero.
Por su parte, la alcadesa de Irun, Cristina Laborda, ha destacado que la construcción de mil viviendas en el corto plazo, supone duplicar la oferta de VPO existente en el municipio. «Estamos, sin duda alguna, ante el mayor impulso a la vivienda que haya podido conocer Irun, un ambicioso plan que demuestra la verdadera apuesta del Ayuntamiento en uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía», ha señalado la primera edil irundarra.
Laborda se ha referido al «constante crecimiento poblacional» en Irun que ha llevado al consistorio a impulsar nuevas construcciones residenciales. «Nuestro deber y compromiso con la ciudadanía debe ser que quienes eligen Irun para continuar con su proyecto de vida, lo puedan hacer en su ciudad, aquí en casa», ha añadido.
Aunque el Plan de Acción diseñado conjuntamente incide en las medidas a corto plazo, durante la vigencia de la declaración de zona tensionada, Itxaso se ha referido a que una solución integral del problema de la vivienda requiere una mirada a medio y largo plazo. En ese sentido, el consejero ha recalcado que mientras se construyen las primeras viviendas contempladas en el plan, «declarar Irun como zona tensionada nos permite también amparar a las personas inquilinas con medidas que estabilizan los precios del alquiler», mientras que, más a largo plazo, se prevé la construcción en Irun de 2.190 viviendas adicionales de protección pública a lo largo de la próxima década entre VPO en alquiler (1.772), viviendas tasadas (394) y alojamientos dotacionales (24).
Itxaso ha enmarcado esa previsión en el trabajo de prospección que su departamento está realizando en la comunidad autónoma para movilizar «suelo público y privado para la construcción de vivienda protegida, analizando cada parcela disponible para optimizar su uso» con el objetivo de activar 75.000 VPO en Euskadi. Ese trabajo se acompañará de un esfuerzo con los municipios para modernizar las ordenanzas con el objetivo de impulsar la división de viviendas grandes, facilitar la conversión de locales comerciales en viviendas y fomentar la reubicación de actividades profesionales en plantas bajas. También se reforzará la estrategia coordinada para la movilización de viviendas vacías.
En ese contexto, Itxaso ha afirmado que «el problema de la vivienda tiene solución, si bien requiere de ambición, planificación y colaboración institucional. Este plan en Irun es un ejemplo de ello«, ha asegurado.
En el caso concreto de la localidad fronteriza, el Departamento de Vivienda ha informado de que 180 personas empadronadas en la ciudad reciben apoyo a través del Derecho Subjetivo a la Vivienda: 74 han accedido a una vivienda protegida; a 64 se les ha otorgado la Prestación Económica de Vivienda y las 42 restantes están como prioritarias para próximas adjudicaciones. Además, 170 jóvenes de la ciudad reciben la ayuda de 300 euros mensuales del programa Gaztelagun y hay otros 43 expedientes en tramitación. Desde el Ayuntamiento se otorgan cada año en torno a 1.000 ayudas de emergencia destinadas a la vivienda para personas en situación de vulnerabilidad.
En cuanto al parque de viviendas, 1.131, es decir, el 4,1% del total, no tienen personas empadronadas. Desde Bizigune se han movilizado 108 viviendas en régimen de alquiler asequible y otras cinco través del programa ASAP. En el registro de Etxebide hay 3.265 irundarras inscritos en busca de vivienda, de las cuales el 81% (2.642) buscan alquiler.
«Atender esta demanda exige soluciones valientes y decididas», ha señalado Itxaso, que ha querido incidir en que «no estamos haciendo políticas de vivienda solo para quienes más dificultades tienen, sino que también pensamos en las clases medias, ofreciendo soluciones adaptadas a todos los umbrales de renta, porque el problema de la vivienda afecta cada vez a más perfiles sociales».
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