Acuerdo para poner fin al conflicto del gaztetxe de Zestoa dos años después

El conflicto del gaztetxe de Zestoa ha llegado a su fin tras un acuerdo entre el alcalde Mikel Arregi y Zestoako Gazte Asanblada, que llevará a los jóvenes a abandonar el local del Obispado que okupaban desde hace casi dos años. Se trasladarán al local del bar del jubilado, en la casa de cultura de Zestoa, que se convertirá en el nuevo gaztetxe y que además cuenta con insonorización, por lo que podrá ser acondicionado para conciertos. El acuerdo está casi cerrado, aunque sin firmar aún y pendiente de concretar varios aspectos.

Según explicó este martes el alcalde de Zestoa, Mikel Arregi, el pacto, fruto de «negociaciones de meses», beneficia a todas las partes: el Obispado recupera su espacio, el Ayuntamiento gana un inmueble para uso público, y los jóvenes dispondrán de un nuevo gaztetxe en instalaciones municipales. Este acuerdo evitará además el desalojo previsto para el 11 de septiembre.

El Obispado cederá el inmueble okupado para uso público, por un periodo de «20-25 años con una opción de compra», según el alcalde, y se plantea crear un «kafe-antzoki» en la planta baja. Además, el hogar del jubilado se reubicará en la planta superior. El alcalde agradeció a la asociación de jubilados Gurutze, en declaraciones a Euskadi Irratia, su colaboración para facilitar esta solución y anunció reuniones con otros agentes de la casa de cultura para coordinar la convivencia.

El nuevo local ofrecerá mejoras respecto al anterior, y el proyecto, según el alcalde, es factible y viable, aunque llevará tiempo concretarlo. Zestoako Gazte Asanblada también expresó su satisfacción con la solución y su deseo de no alargar más el conflicto. Planean realizar una fiesta de despedida antes de entregar las llaves del antiguo gaztetxe.

El traslado se realizará antes del 11 de septiembre, fecha en la que estaba previsto el desalojo del local okupado. La Gazte Asanblada ha criticado la falta de voluntad de la Iglesia para negociar, pero ha aceptado la nueva alternativa. A pesar del cambio, el colectivo sigue enfrentándose a un coste judicial de 6.500 euros, y han pedido apoyo a la comunidad para recaudar fondos a través de actividades organizadas por ellos.