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El arqueólogo Eliseo Gil y su equipo lo promocionaron como un «extraordinario hallazgo» que revolucionaría el origen del euskera, situándolo en Álava, e incluso del cristianismo, al hallar la representación de la crucifixión más antigua. Pero derivó en el «caso más grave de falsificación ... arqueológica de los últimos años a nivel mundial». Este supuesto fraude, con el Gobierno vasco y la Diputación alavesa -financiadores de las excavaciones de Gil- como principales víctimas, por fin tiene fecha de juicio. En cinco meses, el lunes 3 de febrero, el caso del yacimiento de Iruña-Veleia arrancará en el Juzgado de lo Penal número 1. Casi once años después del inicio de la batalla judicial más larga jamás vivida en Álava.
Tras hacerse públicas las dudas de los expertos sobre los hallazgos del equipo de Lurmen, la firma de Gil que lideraba con una millonaria financiación pública las excavaciones en el yacimiento -a unos 10 kilómetros de Vitoria-, la querella inicial fue presentada el 4 de mayo de 2009 por la Diputación, propietaria de la excavación, en el Juzgado de Instrucción número 1, sala que ha mantenido viva la causa a lo largo de más de una década. Hay tres procesados en un sumario con más de 16.000 folios. El principal es Eliseo Gil, exdirector de las excavaciones y señalado como supuesto ideólogo del engaño. La Fiscalía de Álava solicita para él un global de cinco años y medio de prisión. La administración foral, personada como acusación particular, eleva la petición a siete años y medio. Responderá por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa.
El banquillo de los acusados se completará con dos de sus estrechos colaboradores. Por un lado, Óscar Escribano, para quien piden también cinco años y medio, y Rubén Cerdán, dos años y medio en su caso. La Diputación rebaja su solicitud a tres años y nueve meses para ambos. Respecto a la cuestión económica, se enfrentan a una multa de 7.200 euros cada uno, otros 12.490 como responsabilidad civil y al abono conjunto de 285.600 euros al Gobierno vasco en concepto de daños generados.
El Ministerio Público entiende que manipularon hasta 476 fragmentos arqueológicos -verdaderos pero bastante comunes- hallados en el terreno cercano a Nanclares de la Oca con ánimo de «lograr cierto prestigio profesional» y también «beneficios económicos». Fuera de la causa han quedado subvenciones millonarias. El Gobierno vasco les inyectó 3,7 de millones de euros a través de Euskotren.
En 2006, Gil anunció el descubrimiento que aspiraba a revolucionar la lingüística y hasta la historia del cristianismo. Presentó casi 500 inscripciones en piezas de los siglos III a VI. Entre ellas, el calvario (una representación de la muerte de Cristo) más antiguo jamás conocido. También referencias en euskera de los siglos IV a VI, 600 años antes de los primeros vocablos de los que se tiene constancia por escrito. Cuando las críticas de expertos arreciaron, la Diputación encargó un primer informe que afeó el trabajo de Lurmen.
La piedra angular ha sido la autenticidad o no de los fragmentos. A petición del Área de Medio Ambiente de la Ertzaintza, se designó a peritos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Sus análisis tardaron más de dos años. Ambos coincidieron en la falta de «autenticidad» de las inscripciones, de lo que ya habían alertado académicos locales.
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