La Federación Española pide amparo al CSD tras aprobar la FIPV los requisitos para competir con Euskadi

Considera la FEP que esta normativa «se dicta en un momento particularmente sensible» al encontrarse en curso «un procedimiento ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) promovido por esta Federación» en el que se cuestiona «la legalidad de la Asamblea de la FIPV del 28 de diciembre de 2024» en la que se produjo la admisión de la Federación Vasca en la Internacional como miembro de pleno derecho, una admisión que, según la FEP, «no ha sido refrendada» por el CSD ya que esa solicitud de inscripción está «en fase de alegaciones por parte de la Federación Española de Pelota».

«Llama poderosamente la atención que la FIPV regule con efectos inmediatos y unilaterales sobre una situación que aún se encuentra pendiente de resolución arbitral», continúa la FEP en su comunicado, ya que «supone legislar sobre una estructura aún en disputa, consolidando un modelo de doble representación nacional que es jurídicamente cuestionado y, más aún, estando la modificación estatutaria pendiente de ratificación por el Consejo Superior de Deportes».

Posteriormente, la FEP analiza la normativa aprobada por la FIPV señalando que ésta presenta «múltiples elementos de preocupación desde el punto de vista jurídico y federativo».

En su opinión, se produce una «confusión entre conceptos jurídicos esenciales» ya que «la participación internacional en representación de un país se vincula necesariamente a la nacionalidad, conforme al derecho internacional y deportivo». «Pretender suplantar este criterio mediante requisitos de empadronamiento o 'vecindad administrativa' (como la residencia en Euskadi durante los últimos 36 meses) carece de rigor jurídico y genera situaciones tan absurdas como que un deportista nacido en Bilbao y residente en Badajoz quede excluido de representar a Euskadi, mientras que un extremeño residente en Bilbao durante tres años podría hacerlo».

Además, «la prohibición absoluta de representar a España para quien haya participado previamente con la selección vasca (y viceversa) constituye una restricción contraria a derecho», asegura la FEP que considera que «ninguna federación internacional está legitimada para limitar los derechos de representación de los ciudadanos españoles» ya que «vulnera principios básicos de libertad deportiva, igualdad ante la ley y autonomía del deportista, además de contradecir la normativa nacional e internacional vigente», es «abiertamente contraria a derecho» y «vulnera la libre elección del deportista, el principio de igualdad ante la ley y los estándares internacionales de libertad deportiva», además de contradecir «la Carta Olímpica» que prohíbe «limitar arbitrariamente la participación de los deportistas».

La normativa aprobada por la FIPV supone, en opinión de la FEP, una «invasión de competencias y anticipación unilateral» porque pretende «regular sobre campeonatos que, de celebrarse en territorio español, requerirían obligatoriamente la autorización previa de esta Federación y, en su caso, del propio Consejo Superior de Deportes» ya que se está dando por hecho «que el CSD obviará los cauces legales y autorizará competiciones internacionales al margen de la FEP», hipótesis que, «por el bien del orden deportivo nacional, entendemos debe ser firmemente descartada y desmentida».

Por todo ello, la FEP solicita formalmente al CSD que «analice la legalidad de la normativa emitida por la FIPV en relación con la legislación española y los principios rectores del deporte nacional» y que «garantice que ninguna competición internacional en territorio español será autorizada sin la participación y consentimiento de la Federación Española de Pelota, conforme a la legalidad vigente».

La FEP considera que «esta normativa no solo es contraria a derecho, sino que desestabiliza al conjunto del sistema deportivo, erosiona la seguridad jurídica y alimenta una ficción institucional incompatible con los valores del deporte» y «se reserva el derecho de trasladar esta situación a los foros internacionales correspondientes, en defensa de sus derechos y de los de sus deportistas».