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El fin de la crisis de Muface con el acuerdo para que Adeslas y Asisa mantengan vivo el modelo ha sido un alivio para los ... 856.121 funcionarios y sus familias adscritos a estas dos aseguradoras. No obstante, los 201.318 empleados públicos en DKV deben decidir qué opción eligen una vez confirmado que la firma no seguirá prestando el servicio.
Hasta ahora, los mutualistas podían eliegir libremente el cambio de aseguradora, o pasarse a la sanidad pública, durante un periodo concreto de cada año, tradicionalmente en enero, aunque también existen ventanas abiertas para casos fuera de ese periodo ordinario por cuestiones extraordinarias.
Ahora, ese cambio tendrá que realizarse en el mes inmediatamente posterior a que entre en vigor el nuevo concierto, previsiblemente en abril. Durante ese periodo, DKV está obligado a seguir prestando el servicio a sus funcionarios hasta que tomen su decisión. Y, si no lo hacen, Muface haría el cambio directo a la Seguridad Social cuando acabe ese plazo de un mes.
En todo caso, estos empleados públicos podrán volver a cambiarse en el siguiente periodo habitual para estos movimientos, como el resto de mutualistas, que también podrán optar a cambiar de aseguradora o a pasar a depender de la sanidad pública cuando entre en vigor el nuevo concierto.
De todos estos movimientos dependerá mucho la eficacia del nuevo modelo, pues Adeslas, Asisa o la Seguridad Social tendrán que asumir el reparto de los funcionarios de DKV, que ha sido precisamente la única aseguradora que ha visto crecer sus mutualistas en los últimos años, frente a la pérdida de funcionarios sufrida por Adeslas y Asisa, mientras siguen creciendo exponencialmente los que eligen la sanidad pública.
En concreto, DKV ganó el pasado año 1.699 funcionarios a su cartera. Y 7.168 desde el cierre de 2021, cuando entró en vigor el anterior concierto de Muface.
Este martes, la Mesa de contratación ha propuesto oficialmente la adjudicación del concierto a Adeslas y a Asisa al comprobar que ambas «se ajustan a los requisitos mínimos» establecidos en los pliegos de la nueva licitación. Ahora, se abre un plazo de una semana para presentar toda la documentación solicitada (estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y con Hacienda o depósito de garantías) antes de la adjudicación definitiva.
De ahí que al menos hasta abril no entre en vigor el nuevo convenio. Mientras tantos, todos los mutualistas, tanto los titulares como los beneficiarios, continuarán «recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales», en virtud de las órdenes de continuidad del servicio, tal y como explican en Muface.
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