Telefónica arrebata a Euskaltel el contrato del Departamento de Seguridad

Telefónica acaba de ganar el concurso convocado por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco -el antiguo área de Interior- para prestar los servicios de telefonía fija, móvil, acceso a internet y transmisión de datos. Un servicio que facilitaba desde hace años Euskaltel y que había salido a concurso con un presupuesto de licitación de 2,3 millones de euros anuales. La adjudicación, según han confirmado fuentes de la consejería de Seguridad del Ejecutivo autónomo a este periódico, se produce por un periodo de dos años, si bien contemplará la posibilidad de establecer una prórroga por otros dos años adicionales.

El contrato que ahora ha caído del lado de Telefónica ha sido objeto de disputa durante algo más de tres años. El Departamento de Interior que dirigía el consejero socialista Rodolfo Ares convocó originalmente este concurso a mediados de 2012, pero se convirtió en un auténtico caos. Euskaltel recurrió al entender que la oferta de Telefónica vulneraba el pliego de condiciones -una cuestión técnica sobre la posibilidad de presentar ofertas conjuntas a varios lotes-, lo que llevó a la propia consejería a desistir y dejar en suspenso el concurso en octubre de ese mismo año. A finales de 2014 el Departamento de Seguridad, ya bajo la dirección de la consejera peneuvista Estefanía Beltrán de Heredia, volvió a rescatarlo. Fuentes de la consejería han señalado que la mesa de contratación ya ha decidido asignárselo a Telefónica, al ser este operador quien había presentado la mejor oferta en todos los servicios sometidos a contrato.

Más allá de la mera competencia de varias compañías por hacerse con el suministro de un servicio clave en el funcionamiento diario del Departamento de Seguridad, la decisión tiene un simbolismo especial. Es el área del Gobierno vasco que siempre se ha considerado más sensible en la vertiente de las telecomunicaciones. Quizá más trascendente, incluso, que los 2,3 millones de euros anuales que estaban en juego. Y es que la operadora vasca Euskaltel había conseguido retener hasta ahora el contrato de Interior en solitario desde que dicho servicio se saca a concurso público, hace casi 20 años.

Lo cierto es que el negocio de las telecomunicaciones públicas en el País Vasco ha dado un vuelco. Hace ahora dos décadas, coincidiendo con el nacimiento de Euskaltel, buena parte de la Administración pública vasca decidió convertir a la operadora en su principal e incluso en muchos casos único proveedor de sus servicios. En especial desde que Euskaltel pudo ofertar además de telefonía fija y acceso a internet el servicio móvil, primero de la mano de Amena y más tarde como operador virtual. La entrada en tromba de Euskaltel como proveedor en el ámbito público desplazó por completo a Telefónica, que había ejercido el monopolio durante décadas, y también a Airtel -la antecesora de Vodafone-, que había conseguido meter la cabeza en los contratos públicos de móvil.

Una entrada progresiva

En febrero de 2010, el presidente de Telefónica pronunció unas palabras en una conferencia en Bilbao que resultaron premonitorias. Ante un auditorio plagado de directivos y responsables institucionales, César Alierta fue cuestionado sobre la posibilidad de que su compañía fuese contratada por el Gobierno vasco, que hasta ese momento tan sólo tenía como proveedor a Euskaltel. «Eso -dijo en tono irónico- caerá como las balas en la mili. Por la fuerza de la gravedad y por su propio peso».

Pocos meses después, el Ejecutivo vasco dejaba en manos de Telefónica la telefonía fija y móvil y repartía con Euskaltel el servicio de datos. Pero también la Universidad del País Vasco adjudicó el pasado año la totalidad de sus servicios de comunicaciones a Telefónica, pese a haber estado asimismo durante casi dos décadas ligada a Euskaltel.

El Gobierno vasco ha convocado un nuevo concurso para adjudicar sus telecomunicaciones -todo lo que no es área de Seguridad- que se debe fallar en los próximos meses. Este contrato supone en la actualidad 28 millones de euros de gasto para la Administración, aunque, según apuntan fuentes del sector, puede reducirse a la mitad en la nueva adjudicación.