Las renovables, en la encrucijada política

Como cualquier otro sector productivo de la economía española, el de las energías renovables ya toma el pulso a todas las formaciones políticas que en mayor o menor medida tendrán algo que decir tras las elecciones del 20 de diciembre. Ante la incertidumbre sobre el resultado de los próximos comicios, las asociaciones y patronales del sector buscan la complicidad de los partidos políticos para corregir el rumbo de la política energética aplicada por el Gobierno del Partido Popular.

A su llegada al poder, el gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una reforma energética con el claro objetivo de reducir el enorme déficit de tarifa (de unos 30.000 millones de euros) creado porque, durante muchos años y por diversas razones, los ingresos del sistema no llegaban ni de lejos a cubrir los costes. El ministerio de Industria aunque se apunta a Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica del Gobierno, como cerebro de la reforma- trató de hacer recaer el peso de los recortes de un manera equilibrada sobre consumidores -que debieron asumir una mayor carga de costes fijos en el recibo-, empresas eléctricas -con una disminución del dinero que cobran por la distribución de la electricidad-, el operador del sistema -Red Eléctrica, encargado de transportar la energía- y productores de energías renovables.

Éstos se sintieron demonizados por el Gobierno y por las grandes eléctricas, bajo la acusación de estar en el origen del déficit de tarifa por las cuantiosas primas que cobraron durante muchos años. En la segunda mitad de la pasada década el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero realizó una decidida apuesta por las energías renovables que se tradujo en un boom de instalaciones -eólicas, fotovoltaicas, termosolares, biomasa, etc- a las que se prometió una retribución que garantizaría durante mucho tiempo las grandes inversiones que requerían este tipo de instalaciones. El tiempo demostró que esa apuesta se hizo antes de tiempo, cuando las tecnologías renovables no estaban aún lo suficientemente maduras como para echar a andar sin un gran apoyo económico que acabara por comprometer la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

El primer hachazo

Hace justo cuatro años, en noviembre de 2011, el Gobierno de Zapatero -con Miguel Sebastián al frente de la cartera de Industria- aplicó el primer o de los sucesivos recortes que en años posteriores iban a mermar la retribución de las energías limpias. En aquella ocasión fue un hachazo del 30% a las primas de los productores fotovoltaicos, las más elevadas del sistema. En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy -dentro de su reforma integral del sistema eléctrico- cambiaba el modelo de retribución del hasta entonces llamado régimen especial -renovables, cogeneración y residuos- basado en primas a otro sustentado en una tasa de rentabilidad -cercana al 7%- aplicable a toda la vida útil regulatoria de cada instalación productora. En la práctica suponía una reducción del 22% en la retribución recibida en 2014 (5.238 millones de euros) respecto a la de 2013. El nuevo marco regulatorio establecía además periodos de seis años -con semiperiodos de tres- en los que el Gobierno se reservaba la opción de cambiar las reglas del juego.

El sector alzó la voz contra lo que entendía un atentado contra la seguridad jurídica: empresas y pequeños productores habían invertido grandes cantidades de dinero con la promesa de una elevada rentabilidad durante la vida útil de las instalaciones. Y se quejaba de que la «rentabilidad razonable» prometida por el Gobierno era en base a «costes estándares que no se corresponden con la realidad». Desde entonces, las demandas judiciales se amontonan en los juzgados españoles y los órganos de arbitraje internacional. Un año antes, en 2012, el Gobierno había decretado una moratoria sobre las renovables, que eliminaba cualquier prima a las instalaciones futuras que no estuvieran inscritas en el registro de renovables con anterioridad a esa fecha.

Sólo 43 megavatios instalados en 2014

Como resultado de todo lo anterior, durante el pasado año sólo se instalaron 43 megavatios (Mw) de energías renovables. Para hacerse una idea de lo insignificante de la cifra, baste recordar que en la actualidad el sistema eléctrico cuenta con 33.110 Mw de eólica, fotovoltaica, solar termoeléctrica, minihidráulica y biomasa. Sin embargo, el Gobierno aprobó hace un mes un real decreto que contemplaba una subasta de 500 Mw de potencia eólica y otros 200 de biomasa. Una puja que se convocará a través de una orden ministerial que fijará las bases y requisitos. La intención del Ejecutivo es que este sistema de subastas sirva para ajustar la retribución de este tipo de energías a un mecanismo "competitivo".

Las asociaciones y productores del sector creen que el actual escenario, dominado por "la inseguridad jurídica· paraliza de facto las inversiones en energía renovables, y "compromete gravemente" el cumplimiento de los objetivos marcados por las directivas europeas sobre energía renovable. En virtud de esas reglas, para 2020 el 20% de la energía bruta consumida en los países de la Unión Europea debe provenir de fuentes de energía limpias. El Gobierno cree que España cumplirá con su parte puesto que en la actualidad ese porcentaje está en el 17,1%, por encima del 15,9% establecido en el Plan de Energías Renovables 2011-2020.

"Sin embargo esta situación es coyuntural debido a un escenario de baja demanda energética que, de recuperarse mínimamente, comprometería gravemente" el alcance de los objetivos. Una aseveración incluida en el estudio 'Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2014' editado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA.

Representantes de APPA y de otras asociaciones de energías renovables (como las fotovoltaicas UNEFy Anpier, la eólica AEE, o Portermosolar) y ecologistas mantuvieron hace diez días una reunión con diferentes partidos políticos de ámbito estatal (Ciudadanos, Equo, Izquierda Plural, Podemos, PP, PSOE y UPyD). Una mesa-debate en la que todas las formaciones se comprometieron a luchar de manera "activa" en la lucha contra el cambio climático a través de una mayor penetración de las energías renovables en el mix energético así como en el fomento de políticas de ahorro y eficiencia energética.

Con la lógica excepción del PP, todas las formaciones criticaron la reforma energética, y se mostraron dispuestos a "revertir"· la actual situación de las instalaciones productivas y "reparar" los daños causados a las mismas. Sin embargo, algunos partidos admiten que ven "complicado" volver al escenario anterior a la reforma eléctrica.

El polémico decreto sobre autoconsumo

En lo que sí que coinciden -menos, de nuevo por razones obvias, el Partido Popular- es en retirar el Real Decreto sobre autoconsumo, que con su polémico "impuesto al sol" es visto como un verdadero freno a una modalidad de consumo energético que dota de una mayor independencia al consumidor frente a las compañías eléctricas. Las instalaciones de autoconsumo tienen hasta el mes de abril para adaptarse al nuevo marco regulatorio, que entre otros requisitos exige inscribirse en un registro. "El problema es que para entonces cabe la posibilidad de que ese decreto esté derogado por el Gobierno que salga de las urnas en diciembre", sostienen en la UNEF, la asociación de grandes productores de energía fotovoltaica.

La mayoría de los partidos proponen reformular las reglas del autoconsumo con la introducción del llamado balance neto. Es decir, que cuando una instalación de autoconsumo genera más energía de la que consume en ese momento (por ejemplo un hogar que durante el día se queda vacío), la cede a la red. A cambio, cuando necesita electricidad y la instalación no produce, como cuando cae el sol, toma de la red un equivalente a lo cedido durante el día.

A modo de resumen, lo que el sector de las renovables pide es "una política energética clara que nos permita evolucionar el modelo energético actual basado en combustibles fósiles a otro bajo en carbono y basado, fundamentalmente, en energías renovables", argumenta José María González Moya, director general de APPA. Para conseguirlo, cree necesario que los partidos políticos "huyan de la de la improvisación y el cortoplacismo con la que se ha actuado en los últimos años. Que antes de llevar a cabo cambios regulatorios de calado cuenten con los agentes involucrados en el sector".

Otra reivindicación -en realidad se puede decir que es la piedra angular de todas ellas- es la de "acabar con la inseguridad jurídica en la que vive inmerso el sector, y que se eliminen del precio de la electricidad aquellos costes que nada tienen que ver con la generación eléctrica. Que el Estado asuma progresivamente sus compromisos por derechos otorgados, que se compense a las energías renovables por el efecto depresor que propician en el mercado eléctrico". Según el estudio de APPA, la retribución regulada recibida por las renovables en 2014 fue 1.867 millones menor que los ahorros que generaron en el mercado eléctrico mayorista ('pool').

Impulso al sector eólico

Ante el escaso margen de maniobra que las empresas del sector de las energías renovables tienen de montar más instalaciones en España, el Gobierno del Partido Popular pondrá en marcha medidas para potenciar determinados sectores de las energías limpias. Es el caso del Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (PRIE), creado con el triple objetivo de mejorar la capacidad productiva del sector, asegurar su acceso a los mercados internacionales, y potenciar la I+D+i.