España se encamina hacia su tercer año sin reformas económicas de calado

La agenda reformista del Gobierno lleva más de dos años parada. Desde noviembre de 2014, cuando el Congreso dio luz verde a la reforma fiscal que supuso una rebaja del IRPF y Sociedades de 12.000 millones -una cifra superior en 4.000 millones a la estimada por Hacienda-, no se han producido cambios normativos de calado. De hecho, los desafíos estructurales a los que se enfrenta la economía española como la sostenibilidad de las pensiones por el déficit de la Seguridad Social o un nuevo reparto de la financiación autonómica, se han postergado.

A pesar de las continuas afirmaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de cualquier miembro de su gabinete sobre la necesidad de seguir con las políticas reformistas, lo cierto es que los planes enviados a Bruselas dicen los contrario. De hecho, el Programa Nacional de Reformas de 2017 remitido hace una semana a la Comisión Europea es el tercero consecutivo en el que apenas se mencionan las líneas generales a seguir en esas materias pendientes y fija su resolución en el «largo plazo».

España creció el año pasado un 3,2%, el doble que la media de la zona euro y este año la previsión es que avance al menos un 2,7%, según el Ejecutivo. La oposición achaca la buena marcha de la macroeconomía a los vientos de cola externos como la política de estímulos y tipos bajos del BCE y a la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, el Gobierno presume de que la fuerte recuperación no habría sido posible sin las reformas estructurales aprobadas desde que Rajoy llegó a la Moncloa. Así, desde el PP enumeran la reforma laboral como clave para dotar de más flexibilidad al mercado de trabajo -sindicatos y oposición denuncian que facilita el despido y no ha reducido la temporalidad-.

Reforma financiera

También la reforma financiera fue necesaria para sanear la banca de los activos tóxicos del ladrillo (aunque no impidió el rescate bancario). Después llegó una nueva regulación de pensiones (desliga su revalorización del IPC e introduce el factor de sostenibilidad) o presupuestaria con la ley de estabilidad para controlar el déficit y la deuda, entre otras.

Sin embargo, esas importantes y en algunos casos contestadas normativas se llevaron a cabo en la primera parte de la legislatura en la que el PP disfrutaba de mayoría absoluta, es decir, en 2012, 2013 y parte de 2014. Después el ritmo frenético de esos ejercicios iniciales se moderó hasta quedar detenido al final del mandato por las cercanía de las urnas.

El Ejecutivo argumenta que la incertidumbre política generada desde finales de 2015, con dos elecciones generales y un largo periodo de un Gobierno en funciones, explican este retraso en abordar nuevas reformas estructurales, aunque defienden que se han seguido aprobando leyes importantes. Sin embargo, cada vez son más voces las que reclaman enfrentarse a los problemas pendientes de la economía. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, pidió en su comparecencia en el Congreso a finales de abril «profundizar en las reformas». También desde la Comisión Europea y el FMI recuerdan en cada informe la necesidad de acometer cambios de calado para consolidar la recuperación y piden acelerar su impulso.

Pero el Gobierno, consciente de que la fragmentación parlamentaria actual dificulta abordar estos cambios al tener que buscar el apoyo de varios partidos, no tiene prisa. De hecho, en el plan enviado a Bruselas este año apunta a alguna de esas reformas, pero las traslada al largo plazo y sólo reconoce la necesidad de empezar a estudiarlas ya. Así, en primer lugar señala la reforma de la financiación autonómica. El Ejecutivo, que no quiso abordarla en la anterior legislatura pese a tener mayoría, ha creado un comité de expertos -se constituyó en febrero- que deberá presentar un informe en el plazo de seis meses. Deberán decidir sobre cuestiones como el principio de ordinalidad, la necesidad o no de ceder más impuestos a las comunidades o sobre el papel del concierto vasco y navarro.

Las conclusiones estarán para después del verano, aunque dependerá del clima político de entonces para saber si el Gobierno afrontará la reforma o decidirá pisar el freno.

Las pensiones también están incluidas en esas reformas «a largo plazo». En este sentido, el Gobierno se remite a las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo que debate la sostenibilidad del sistema en el Congreso. En este caso, el principal problema se encuentra en los ingresos de la Seguridad Social, incapaces de cubrir los gastos derivados del aumento de pensionistas y de prestaciones cada vez más altas que provocan un déficit que en 2016 alcanzó los 18.700 millones -el mayor de su historia-.