Aprobada la primera ley vasca de Empleo que impulsará políticas activas de forma personalizada

Este primera ley ha contado con el apoyo de los partidos que sustentan el Gobierno (PNV y PSE), el voto en contra de EH Bildu y la abstención de Elkarrekin Podemos, PP y Vox.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha sido la encargada de defender esta ley que, como ha destacado, «obliga a incluir el criterio de trabajo digno en todas las políticas públicas que se diseñen en adelante en Euskadi».

También ha subrayado que incorpora el derecho subjetivo a la orientación y activación laboral, la ventanilla única y el historial laboral único, un modelo de gobernanza compartida, al tiempo que otorga un papel esencial de los ayuntamientos.

Con esta nueva orientación, los parados tendrán un profesional de referencia para llevar su caso, que en dos meses les realizará un diagnóstico de sus situación y en un mes les preparará un plan integral con formación adecuada para encontrar trabajo.

El objetivo es que para julio de 2024 los parados tengan asignado su orientador con la previsión de que unos meses después cuenten ya con su itinerario. También tendrán derecho a esas políticas activas de empleo los ocupados que lo demanden.

Para ello se está llevando a cabo una profunda reorganización de Lanbide, para reforzar su papel. En la actualidad cuenta con 46 oficinas y un millar de empleados. De ellos, cerca de 373 son orientadores y se pretende llegar a 430.

Otro aspecto importante de la ley es que se instará a las empresas a publicar sus vacantes en una base de datos centralizada. Será de carácter voluntario. Asimismo, las personas dispondrán de un único historial laboral, al igual que en Osakidetza existe un historial clínico.

Pero además se coordinará a las más de 300 entidades dedicadas a la colocación, con especial protagonismo de los ayuntamientos, bajo el paraguas de la Red Vasca de Empleo. «Se ordena para ser más eficaces y evitar duplicidades», ha remarcado Mendia.

La vicelehenkakari se ha referido al cambio jurídico de Lanbide, que vuelve a ser un ente público de derecho privado, como lo era antes de 2011, cuando se convirtió en organismo autónomo. Un cambio jurídico, ha señalo, que no implica su privatización.

Esta es una de las cuestiones que han criticado los partidos de la oposición, así como el hecho de que las cooperativas no entren en el consejo de Administración de Lanbide, una demanda histórica de las cooperativas vascas que ha chocado con la negativa frontal de Confebask.

Con todo, Mendia ha señalado que esta nueva ley« deja abierta esa posibilidad» para que se pueda materializar en el futuro. «Se promoverá el acuerdo que lo haga posible entre las organizaciones empresariales representativas», ha remarcado.