El ataque al pacto eléctrico hace aflorar los recelos entre el Gobierno Vasco y la Generalitat

Con «sorpresa» y «malestar» han acogido en el Gobierno Vasco la noticia de que Cataluña, a través de su defensor del pueblo, ha recurrido ante la Unión Europea el pacto entre Euskadi y el Estado sobre la tarifa eléctrica de las empresas. El viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, no ha ocultado su enojo con la Generalitat por este asunto. Y es que este conflicto dificulta el acercamiento entre dos ejecutivos otrora hermanos, pero que han seguido vías distintas, con un lehendakari alejado de la marejada independentista del referéndum del 1 de octubre.

El Gobierno de Vitoria respeta los pasos dados por el gabinete de Carles Puigdemont hacia la independencia, pero se ha desmarcado claramente de su senda. Primero lo hizo el portavoz, Josu Erkoreka, al cuestionar el procedimiento seguido en el Parlament para aprobar las leyes de desconexión. Y el jueves el propio Iñigo Urkullu apeló al realismo y a asumir que el referéndum no tiene las «garantías debidas». Unas palabras criticadas con dureza por ERC, el socio de PDeCAT en el Govern. Un perfil, el del Gobierno Vasco, mucho más matizado que el del PNV y que responde a un pacto de consenso con el PSE-EE, el otro integrante del Gobierno Vasco.

Los recelos entre ambas administraciones se han acentuado en el último lustro, a cuenta de las reivindicaciones soberanistas y de determinadas visiones en Cataluña de la singularidad fiscal vasca como un agravio. No obstante, todo ello en un marco de ‘no agresión’ y de cordialidad entre Urkullu y Puigdemont, que han celebrado en este tiempo distintos encuentros.

La apuesta estratégica del PNV de pactar los Presupuestos con el PP en Madrid, a cambio de concesiones como el Cupo, ha dado frutos en estas materias para Euskadi. Una de ellas fue la adecuación de las tarifas eléctricas que abonaban las empresas vascas y que consideraban desmedida. En cambio, la relación entre la Generalitat y Madrid ha sido tormentosa y sin acuerdos.

También el PP vasco ha criticado con dureza al Govern catalán. Su número dos, Amaya Fernández, ha expresado su «apoyo rotundo» a las 790 empresas de Euskadi beneficiadas por el convenio firmado por sus compañeros del PP en el Gobierno central y el PNV. Los populares viajarán incluso a Bruselas para explicar la medida de primera mano.