Los ayuntamientos sólo reinvierten una cuarta parte de su superávit

En concreto, los ayuntamientos pudieron destinar en 2016 –últimos datos disponibles– hasta 2.735,71 millones de su superávit total de 2015, que ascendió a más de 5.000 millones, a inversiones financieramente sostenibles, esto es, a operaciones de la vía pública como alumbrado, alcantarillado o recogida de residuos, principalmente. Sin embargo, los municipios sólo dedicaron 717,76 millones a esos proyectos, lo que apenas supone el 26,24% del total al que tenían derecho, según la información de Hacienda. De esa cantidad, 407,59 millones (un 56,8%) corresponden a los municipios y los 310,17 millones restantes a actuaciones de las diputaciones provinciales. Madrid es la ciudad que más dinero destinó a estas inversiones sostenibles (110 millones), seguida de Valencia (20 millones) y Las Palmas de Gran Canaria (6,78 millones).

Sin embargo, al mismo tiempo que los ayuntamientos dejaban tres cuartas partes del superávit sin destinar a estas operaciones, se enfrentaban con el departamento que dirige Cristóbal Montoro por la regla de gasto. ¿Una contradicción? En realidad no.

El problema radica en que el ámbito de actuación de las inversiones financieramente sostenibles es muy limitado y deja fuera la posibilidad de reinvertir el superávit en gasto social como recuerdan desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por eso este organismo presionó este año a Hacienda para conseguir ampliar las áreas de actuación de estas inversiones. Algo que consiguió arrancar a Hacienda tras amenazar con movilizaciones. Así, el Gobierno aprobó a finales de marzo un decreto que amplía los capítulos en los que se puede invertir ese superávit sin computar en la regla de gasto. A partir de ahora podrán dedicarse a servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, bibliotecas y archivos, inversiones en equipamientos culturales, museos y en instalaciones deportivas.

Desde el Gobierno reconocen esta limitación. «En 2017 de cada cuatro euros solo un euro se ha destinado a inversiones financieramente sostenibles. No por restricción, sino porque no se ha usado todo el potencial», admitió la secretaria general de financiación autonómica y local, Belén Navarro, durante su comparecencia hace unas semanas en la Comisión de Presupuestos del Congreso. En cualquier caso, recordó que Hacienda ha ampliado el «catálogo» de ámbitos en los que se puede destinar ese superávit.

En este sentido, el departamento que dirige Cristóbal Montoro espera que a partir de ahora este tipo de inversiones se incrementen. Sin embargo, los ayuntamientos tienen que sortear otros obstáculos que también limitan la reutilización de su superávit. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los requisitos impuestos por Hacienda a las corporaciones locales para poder acogerse a esta flexibilización de la regla de gasto por vía de ampliar las inversiones financieramente sostenibles son más estrictos que los exigidos, por ejemplo, a las comunidades autónomas.

Así, los ayuntamientos que quieran reutilizar ese saldo positivo deberán cumplir con el objetivo de deuda pública y no exceder el periodo de pago a proveedores (fijado en 30 días). Además, no podrán incurrir en déficit en el ejercicio vigente. Unas exigencias que complican el acceso a estas inversiones y que no se aplican para las comunidades autónomas, según la disposición recogida en los Presupuestos de 2018. Por ese motivo la Autoridad Fiscal advirtió que un tercio de los municipios no se podrán beneficiar de estos cambios, aunque sí podrán hacerlo la mayoría de los grandes ayuntamientos. Pese a todo, la AIReF pide al Gobierno «definir con claridad» la regla de gasto contemplada en la ley de estabilidad.

Una de las consecuencias del encadenamiento de ejercicios con superávit por parte de los ayuntamientos y de la imposibilidad de reinvertir gran parte de esas cuantías está en el notable incremento de dinero en depósitos bancarios. En concreto, desde 2012 los recursos que las corporaciones locales tienen en cuentas de entidades financieras se han duplicado en términos de PIB y ya se acercan a los 24.000 millones, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La evolución se aprecia mejor al comparar la situación existente en 2011, cuando los depósitos de los municipios y las diputaciones apenas superaba los 10.000 millones. Aquel ejercicio fue el último en el que la administración local cerró con déficit. A partir de entonces comenzó una senda positiva que se refleja en un cierre presupuestario que en 2017 acabó con un superávit de 6.812 millones. Una cifra que, según el Gobierno, podría superarse este curso.

En cualquier caso, la limitación de la regla de gasto –fija un tope de incremento del gasto en función del crecimiento potencial de la economía que en 2018 se ha establecido en el 2,4%– ha provocado ese aumento del ahorro de las entidades locales. De hecho, este buen comportamiento ha permitido que estas corporaciones amorticen gran parte de su deuda. En concreto, el pasivo de los ayuntamientos y las diputaciones cerró en 2017 en el 2,5% del PIB, según datos del Banco de España. Esto supone cumplir el objetivo de situarse por debajo del 3% en 2020 contemplado en la ley de estabilidad. Algo que no ocurrirá con el resto de administraciones. De hecho, la Autoridad Fiscal estima que las comunidades autónomas no lograrán situarse en el 13% que marca la ley antes de 2036 y la deuda pública total –actualmente rozando el 100%– no se reducirá hasta el 60% que fija la legislación europea hasta 2039.