
La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su recta final con un goteo de reclamaciones de diversas asociaciones empresariales y sindicatos, que intentan ... que Competencia tenga en cuenta su opinión en la segunda fase de análisis de la operación, tras haber rechazado el organismo esta posibilidad.
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Después de admitir a trámite la reclamación de Foment del Treball -la patronal catalana- la Audiencia Nacional ha hecho lo propio ahora con la petición de UGT para personarse en el proceso como parte interesada ante la posibilidad de que una posible fusión entre ambas entidades implique despidos, que el propio Banco Sabadell cifró en su día en unos 4.000.
Según el recurso al que ha tenido acceso este diario, adelantado por El Mundo, el tribunal ha dado un plazo de 20 días a Competencia para que remita el expediente y poder analizar así la decisión por la que impidió a terceros pronunciarse y presentar sus alegaciones a la operación. Cabe recordar que la institución rechazó casi todas las personaciones presentadas, salvo las del propio Sabadell.
En las mismas, la entidad vallesana hacía especial hincapié en el riesgo de la operación para las pymes, exigiendo incluso a la CNMC que, como condición para que la operación tenga éxito, obligue a BBVA a deshacerse de parte del negocio conjunto en este segmento del mercado. Una posibilidad que restaría atractivo a la unión pero que, según fuentes financieras, no entra dentro de los planes del organismo dirigido por Cani Fernández, que ultima condiciones «perfectamente asumibles» para BBVA.
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Además de la patronal catalana y de UGT, las quejas de los interesados tomaron un cariz nacional cuando la pasada Cepyme -la patronal de las pequeñas y emdianas empresas- advirtió la pasada semana que se debería permitir participar en el análisis a las organizaciones empresariales aunque, esta vez, su queja llegaba a través de un comunicado.
«El delicado carácter de la concentración propuesta y sus posibles implicaciones en aspectos críticos para el desarrollo del tejido productivo, tales como la oferta de crédito, obliga a que se tengan debidamente en cuenta las alegaciones de todas las partes interesadas», argumentaba entonces.
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