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2009 y 2010 no fueron años de vino y rosas para el PNV de Gipuzkoa. Acababa de retener el Gobierno de la Diputación pese a perder en votos frente al PSE y cada mañana se levantaba con alguna noticia relacionada con los ... escándalos de la Hacienda foral. Dos frentes multiplicaban el trabajo de los portavoces jeltzales: el fraude de la Hacienda de Irun, cuyo director de oficina, Txema Bravo, acabó encarcelado por embolsarse parte de las deudas tributarias de los contribuyentes morosos; y el caso Glass Costa, que salpicaba directamente a su hermano. En realidad, el caso de Irun resultó ser, como reconocieron fuentes judiciales, «muy burdo», de partido de Regional. Glass Costa, en cambio, reflejaba algo de mayor recorrido: una manera de dirigir la Hacienda entre 1991 y 2003 donde el papel de Bravo se antojó decisivo y que provocó la mayor crisis a la que se ha enfrentado el partido jeltzale. Su legado, según las comisiones de investigación abiertas en su momento, fue profuso: «coladeros fiscales», «armarios misteriosos con supuestos expedientes delicados», falta de control, un único funcionario a cargo de todo el área de Sociedades, concesión de cuantiosos beneficios fiscales a empresas cuyos presuntos méritos se comprueban después... Todo ello fue admitido por el PNV en 2010. Bravo fue el único responsable político que el PNV asumió tras las comisiones de investigación de los casos de Irun y Glass Costa.
En el caso que sentará a Bravo en el banquillo, el Parlamento guipuzcoano censuró en 2010 por unanimidad su gestión como director de Hacienda enre 1991 y 2003, que derivó en una «alarmante falta de control». La comisión reprochó a Bravo no haberse abstenido en el procedimiento de concesión de la SPE a Glass Costa, pese a estar «obligado» a ello al ser socio de la empresa; le recriminó su actitud «poco transparente» al no haber informado a sus superiores de su condición de socio, y subrayó las enormes deficiencias en el protocolo de concesión de las SPE. Entre ellas, y por poner sólo dos ejemplos, la comisión subrayó que la orden foral de concesión de los beneficios fiscales especiales carecía de un informe escrito donde se explicaba si la empresa reunía los requisitos, una comprobación que, según el informe, se realizaba a posteriori. «La decisión de verificar a posteriori era competencia de la Dirección General de Hacienda», zanjó la comisión de investigación, que siempre denunció la «excesiva discrecionalidad» con los expedientes fiscales que la Diputación había otorgado a Bravo.
El que fuera senador jeltzale entre 2004 y 2007 siempre ha negado el continente y el contenido. En relación con las acusaciones penales que se le imputan, Bravo ha mantenido que la sede de Glass Costa estaba en Donostia. En concreto, en la calle Portuetxe. Y sobre la concesión del régimen de las SPE a la empresa, recuerda que se aplicó en base a la normativa aprobada por las propias Juntas Generales.
En vísperas de que el Parlamento guipuzcoano le declarara responsable político del caso, Bravo se defendió cargando contras las acusaciones: «La verdadera trama es la que han formado la Fiscalía y la Diputación, y en concreto la Hacienda foral». En septiembre, tendrá oportunidad de defenderse ante un juez.
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