¡Ay, Calviño!

Además, ¿de verdad alguien piensa que habiendo ingresado más de 30.000 millones extras gracias principalmente a la inflación, la Hacienda española va a quedar seriamente perjudicada porque Ferrovial se vaya, cuando, por ejemplo, la Airef ha calculado que el ingreso total, para todos los sujetos pasivos afectados por el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, por encima del impuesto sobre el Patrimonio, será de poco mas de 600 millones? Si eso no es un problema, Ferrovial tampoco lo será.

El Ministerio de Hacienda lanzó una sorprendente amenaza al amagar con la negativa a conceder las preceptivas exenciones fiscales a estas operaciones de fusión. ¿La razón? Que no existen motivos económicos que sustenten la operación, una vez que es posible cotizar en EE UU –como es su intención– desde España. Hacienda no debería amenazar con carácter previo a las empresas, sino perseguir a posteriori las actuaciones ilegales. Además, esa cotización es posible, pero no hay antecedentes. Es decir, la ley no lo impide, pero las regulaciones respectivas no lo facilitan. El Gobierno quiso forzar la mano del consejo en la junta general. No lo consiguió. No decía toda la verdad y su amenaza no surtió efecto. La junta aprobó el traslado por goleada

El problema de fondo es que al Gobierno le duele que se traslade a los mercados financieros la impresión de que España no es un lugar seguro para invertir, dadas las veleidades regulatorias y la elevadísima mortandad de las leyes que regulan mercados fundamentales como el energético, el bancario, las infraestructuras, la distribución... Ha entendido muy bien su capacidad para decretar normas y ha perdido por completo el respeto a los procedimientos para aprobarlas, que se salta a conveniencia.

Lo que no ha interiorizado bien, y el caso de Ferrovial es un buen ejemplo, es que las empresas deben cumplir las leyes, pero nadie puede impedir que acomoden sus actuaciones dentro de ellas. Ferrovial se va porque lo ha decidido así. ¿Debe algo? Que se lo cobren. ¿Es legal su decisión? Lo es: lo admite la norma española y lo protege la comunitaria. Pues entonces que se lo permitan. Eso es todo o, al menos, eso debería ser todo. El poder no puede reducir más el estrecho margen de maniobra que deja abierto a la sociedad civil. Bastantes restricciones nos han impuesto ya como para permitir nuevas y mayores injerencias sin protestar.

La segunda intromisión es ese 'artefacto' que anuncia el Ministerio de Economía. ¡Ay, Calviño, cómo has cambiado! La creación de un observatorio. de los márgenes empresariales. ¿A qué viene eso? ¿No dispone ya de la suficiente información de los balances y de las cuentas de resultados que reportan periódicamente las personas jurídicas? ¿Y qué piensa hacer después con esa nueva información? ¿Reducirlos por decreto? ¿Ponerles topes por ley? Algunos ministros quieren fijar precios de venta, otros regular salarios, todos subir cotizaciones. ¿Dónde termina esto? ¿Dónde está el final?

Un día, hace ya años, dije que «si no lo arregla Nadia, no lo arregla nadie». Hoy habría que decir que «si no lo arregla Europa, no lo arregla Nadia». ¿Lo arreglará? No esté tan seguro...